La diputada socialista Ana Cobo ha comparecido en rueda de prensa para valorar la prórroga del denominado escudo social impulsado por el Gobierno de España, una batería de medidas orientadas a amortiguar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán sobre la ciudadanía y las empresas. Según se recoge en las declaraciones facilitadas tras la comparecencia, la parlamentaria contrapuso la velocidad de respuesta de la administración central ante las incertidumbres del contexto internacional frente al ritmo de producción legislativa de otras instituciones regionales.
El plan de choque original, que movilizó más de 5.000 millones de euros el pasado mes de marzo, mantendrá su vigencia para evitar que la inestabilidad de los mercados repercuta de forma directa en la economía doméstica y en las estructuras productivas. En lo relativo al ámbito familiar y de consumo, las medidas contemplan la continuidad de la bonificación de 15 céntimos por litro de carburante, la ampliación de las coberturas del bono social eléctrico y la prohibición de suspender los suministros básicos de agua y electricidad a los colectivos vulnerables. Asimismo, se mantienen los estímulos fiscales para la rehabilitación energética y la movilidad sostenible; sobre este último punto, Cobo precisó que el impacto conjunto de las ayudas del plan Auto+ y las deducciones fiscales del 15% permite alcanzar un ahorro de hasta 8.100 euros en la adquisición de un vehículo eléctrico.
En la vertiente sectorial, la nota de prensa detalla un paquete específico de liquidez y compensaciones para el medio rural y la industria. El sector primario continuará contando con respaldos financieros para el gasóleo agrícola y una partida adicional de 165 millones de euros destinada a la compra de fertilizantes —que eleva la cifra acumulada por este concepto a 665 millones—, junto con mecanismos para cubrir hasta el 70% de los costes extraordinarios derivados de la crisis. Por su parte, la industria electrointensiva se beneficiará de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos —medida que ya ha generado un ahorro de 200 millones de euros— y de una reducción en la fiscalidad de la producción energética, al tiempo que el transporte profesional mantendrá ayudas directas e incentivos fiscales que elevan el alivio sobre el combustible a unos 20 céntimos por litro.
Para concluir su intervención, la diputada situó esta prórroga en el marco de la actividad parlamentaria del Ejecutivo central, defendiendo que en lo que va de legislatura se han tramitado un total de 68 iniciativas legislativas dirigidas a la protección social y económica, un volumen de producción normativa que, según remarcó, supera la actividad registrada por la Junta de Andalucía encabezada por Moreno Bonilla y triplica el balance de la Comunidad de Madrid.
