Bajo el cielo invernal de Linares, donde el frío de enero suele calar tanto como la incertidumbre económica, una marea de pancartas y voces veteranas se prepara para ocupar, una vez más, el Paseo de Linarejos. Es lunes, 12 de enero de 2026, y la Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones retoma su liturgia de resistencia. No es una convocatoria cualquiera; es la primera del año, y el aire viene cargado con el peso de los porcentajes y la amargura de las cifras que no alcanzan.
El escenario nacional ha quedado definido por el reciente Real Decreto Ley de revalorización. Sobre el papel, los números hablan de un incremento general del 2,7 %; una cifra que, aunque pretende blindar el poder adquisitivo frente a la inflación, deja un sabor agridulce en una ciudad que conoce bien el rigor de la escasez. Para quienes perciben las pensiones mínimas con cargas familiares, el horizonte parece despejarse con un aumento del 11,4 %, mientras que el resto de las mínimas escalará un 7,1 %. Las no contributivas, ese último escalón del sistema, también se elevarán un 11,4 %.
Sin embargo, tras la aritmética oficial se esconde una realidad descarnada que la Plataforma se encarga de denunciar: la dignidad no se mide solo en porcentajes. En este 2026, cinco millones de pensiones en España siguen atrapadas por debajo de la barrera de los 1.000 euros mensuales. Peor aún, 2,5 millones de ciudadanos deben subsistir con menos de 800 euros, una cifra que convierte el «llegar a fin de mes» en un ejercicio de equilibrismo imposible. En el escalafón más bajo, quienes perciben pensiones no contributivas —aquellos que no pudieron cotizar lo suficiente— se encuentran con una cuantía de apenas 628 euros mensuales tras la subida.
La mirada de los manifestantes se dirige también hacia el Palacio de San Telmo. Denuncian lo que califican como una «insensibilidad» flagrante del Gobierno de Moreno Bonilla. Mientras Andalucía arrastra el estigma de tener el complemento autonómico más bajo del país (apenas 13,32 euros en 2025), la previsión para 2026 es una subida que la Plataforma tilda de ridícula: 0,40 euros al mes. Es la «política de los céntimos» frente a los anuncios de rebajas fiscales para las rentas más altas, una contradicción que alimenta la indignación en el Paseo.
Pero hay un peligro más sutil que el boletín oficial. La Plataforma advierte sobre una «campaña orquestada» por los grandes poderes financieros que busca fracturar la sociedad. Se intenta convencer a la juventud de que el sistema ha quebrado, señalando a las pensiones de sus abuelos como el lastre que les impide acceder a una vivienda o mejorar sus salarios. Es un espejismo interesado, dicen los portavoces, diseñado para desviar la atención de los beneficios récord de la banca y de los fondos que encarecen el alquiler, mientras el Sistema Público de Pensiones demuestra su solvencia con récords de recaudación y de trabajadores activos.
Linares, el próximo lunes, no solo pedirá justicia para sus mayores; saldrá a defender ese «colchón de seguridad» que, en tiempos de crisis, sigue siendo el último refugio de la solidaridad intergeneracional.
