La provincia de Jaén cierra agosto con un incremento del paro de 901 personas

La provincia de Jaén cierra agosto con un incremento del paro de 901 personas respecto a julio, en un contexto de pérdida de empleo generalizada por la finalización de la campaña de verano. El total de desempleados en Jaén se sitúa en 49.913 personas, lo que supone una bajada del 2,21% si lo comparamos con agosto de 2021 cuando se contabilizaron 51.043 parados. El paro femenino sigue representando el 60% del total registrado en la provincia.

En cuanto a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la provincia contabiliza un total de 233.355 cotizantes, lo que implica una destrucción de 1.359 empleos en el último mes.

Por su parte, los distintos sectores se han comportado como suele ser habitual en un mes de agosto. Así, agricultura es el único sector que logra reducir el paro en 604 personas por el inicio de algunas campañas agrícolas como la vendimia o labores de preparación del olivar. El resto anotan subidas respecto a julio, siendo la de servicios la más significativa, con 1.020 parados más, seguida de construcción (309), el colectivo sin empleo anterior (137) e industria (39). La temporalidad en la contratación sigue siendo la más alta del conjunto nacional (82,29%), si bien se reduce notablemente al compararla con la de agosto de 2021 (97,20%).

La CEJ valora el esfuerzo que las empresas de la provincia están haciendo por el empleo pese a las dificultades que atraviesan y a la reducción de márgenes de rentabilidad por los elevados costes empresariales. Estima, por ello, que los Gobiernos deben centrarse en aportar estabilidad y alentar un crecimiento sostenido de la economía y el empleo en un entorno de creciente incertidumbre como el actual.

Con un otoño muy duro para la economía a la vuelta y unas perspectivas para la próxima campaña oleícola muy a la baja, la organización empresarial atisba un horizonte muy preocupante para la empresa que exige, en su opinión, apoyo decidido por parte de las administraciones. Este apoyo debe concretarse en una legislación favorable a la actividad empresarial como palanca del empleo combinando políticas fiscales, financieras y sociales que alienten la inversión y dé estabilidad al mercado laboral.

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