Con la aprobación de la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, que modifica algunos aspectos referentes a la educación especial recogidos en la LOE, se ha ocasionado una enorme polémica. Como profesionales dedicados durante muchos años a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, nos vemos en la obligación de señalar que con la bandera de la inclusión, se está relegando a una parte del alumnado con NEE.

Ante la continua presión que se está ejerciendo sobre la comunidad educativa y los centros específicos, por parte de algunas asociaciones del sector, nos gustaría exponer nuestro punto de vista. El deseo de que el alumnado con N.E.E. disponga de los recursos adecuados y que estos estén lo más cerca posible de su lugar de residencia, es una lucha de todos y, cuando digo de todos, me refiero no solo a los que prefieren que su hijo o hija asista a un centro ordinario o a los que consideran preferible un centro específico, sino a la sociedad en su conjunto.

Partiendo de la hipótesis de que padres, madres y tutores legales desean lo mejor para sus niños y niñas, deberemos luchar para que todos puedan ejercer los mismos derechos y asumir las mismas obligaciones. El defender la necesidad de que nuestro hijo o hija disponga de los recursos que necesita y estos estén lo más cercanos posible, es una tarea ardua y difícilmente se realizará a corto o medio plazo. Esto no implica privar de estos mismos recursos a aquellos que los utilizan o quieran utilizarlos en el futuro.

Todas las demandas son necesarias y lícitas: más especialistas y mejor preparados en los centros, formación profesional adaptada, adaptaciones curriculares, titulaciones, reserva de puestos laborales, etc. En este punto es en el que me pregunto ¿Quién está pensando en nuestro alumnado cuando redacta esas demandas? ¿Para qué alumnado las solicitan? Para el nuestro claramente no y salta a la vista la incoherencia e incluso el egoísmo.

El problema es mucho más profundo que la mera discusión de si centros específicos o centros ordinarios. El problema es que se quiere negar la existencia de nuestro alumnado precisamente por parte de aquellos,  tan sumamente cansados de luchar por sus propios derechos, que son incapaces de ver a los hijos e hijas de los demás.

Nuestro alumnado, el actual de centro específico, no son solo simpáticos deportistas, decodificadores de códigos secretos de la C.I.A. o triunfadores con su título universitario bajo el brazo, son mucho más parecidos al resto del alumnado, pero no por ello dejan de necesitar un currículo diferente. No se trata de adaptaciones curriculares, de tratar de hacer el molde más amplio para que quepan dentro del sistema, de un sistema realizado sin tenerlos en cuenta ni lo más mínimo, se trata de entenderlos y, en definitiva, de aceptarlos tal y como son, como nos gustaría a nosotros que nos entendiesen y aceptasen. Estamos obligados a facilitarles el ejercicio del derecho, que como personas tienen, a ser lo más libres, independientes y felices que el devenir de su vida les permita.

El desarrollo de estos currículos diferenciados requiere de unos recursos y una especialización que plantear su existencia en todos los centros, hoy día, es plantear una utopía. Que en todos los pueblos haya una facultad de medicina o bellas artes, o que en todos los hospitales haya unidades para grandes quemados o un centro de parapléjicos como el de Toledo, son deseos muy loables a los que podíamos añadir una vivienda digna y trabajo para todos. La realidad es la que tenemos y en esa realidad está hoy y estará mañana nuestro alumnado.

Cuando planteamos que por el mero hecho de encontrarse en la misma clase o en el mismo colegio que sus vecinos surge esa inclusión integradora tan deseada por todos, podríamos concluir que en épocas de  esclavitud dueños y esclavos se encontraban perfectamente integrados, puesto que los criados compartían dependencias y los trabajadores del campo alojamientos cercanos e incluso se relacionaban.

Es la simpleza de los planteamientos utilizados para la demolición de los Centros Específicos, sin aportar la más mínima razón coherente, lo que me enerva. Considerar que un alumno se haya integrado por el mero hecho de compartir un espacio físico con otros, es realmente un claro indicio de desconocimiento absoluto, poniéndonos en la más favorable de las posibilidades.

Por otro lado, apelar al legítimo derecho que asiste a unos padres a poder ponderar y elegir la modalidad de escolarización que consideren mejor para sus hijos, mientras se les impide a otros ejercer ese mismo derecho, me parece simplemente mezquino.

Cecilio Robles Maldonado – Director del CDPEE Virgen de Linarejos de Linares