CSIF Jaén lamenta las consecuencias del nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía. Según afirman, “dicho convenio pone en peligro el empleo en las Oficinas Liquidadoras de los citados Registros, así como la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas apartadas de las capitales de provincia y en zonas rurales. En Jaén existen 12 oficinas en los municipios de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Huelma, La Carolina, Linares, Mancha Real, Martos, Orcera, Úbeda y Villacarrillo; de un total de 92 en toda Andalucía”.

En virtud del nuevo convenio que regula, a través de una encomienda de gestión, la colaboración entre la Agencia Tributaria Andaluza y los registradores de la Propiedad, el sindicato asegura que “se ha despojado a muchas Oficinas Liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria”.

Desde CSIF han explicado que “bajo la excusa del impulso a la Administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las Oficinas Liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido y sus alrededor de 300 empleados en toda la comunidad autónoma, 41 en la provincia de Jaén, sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora”.

Para CSIF, además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios Registros de la Propiedad a los que las Oficinas Liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un “menoscabo de la atención al contribuyente que, además, tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras”.

CSIF considera que estas oficinas cuentan con un capital humano que “ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”. “Tememos que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia”.

Otra de las consecuencias de la decisión que deja a las Oficinas Liquidadoras sin contenido es la considerable merma en los ingresos que éstas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas. “El efecto será especialmente gravoso en aquellos Registros en los que el peso de la oficina liquidadora sea significativamente mayor al del propio registro, como consecuencia de la última demarcación aprobada por Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero”, según han precisado desde el Área de los Registros de la Propiedad en CSIF Andalucía.

“En suma, se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y lo que es peor: se ha sacrificado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Andalucía”, concluyen desde CSIF.