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ALGUNAS DUDAS FUNDADAS Y COMPARTIDAS SOBRE LA LEGALIDAD

Hace unos años el ex-alcalde de Jerez dijo, con bastante buena acogida social, que “la justicia (en España) es un cachondeo”. Sin que tal apreciación elevara al regidor, y a tantas otras personas, a la condición de ciudadano probo libre de pleitos e incluso condena, conviene tenerla en cuenta. Me sirve esa afirmación, junto al refrán popular de “pleitos tengas y los ganes”, para recordar el grado de prestigio de que la justicia goza entre la ciudadanía en el presente y en el pasado. Comparando eso con los acontecimientos recientes, el ingenuo tendría que extrañarse ante el fervor por “la legalidad vigente” que se proclama en la calle y en los círculos del poder. Pero parece que no han cambiado tanto las cosas. Se admite que la justicia debe seguir siendo “ciega para imparcial”, cuando tantos delincuentes o acusados económicos como los señores Rato o Pujol, disfrutan de libertad, mientras se dicta prisión rigurosa e inmediata en otros casos.

Creo que ese fervor legalista, como tantos otros, no ha surgido de manera espontánea en la sesera de la gente sencilla. Algo tendrá que ver el que la información tendenciosa, interesada y machacona, se haya convertido en persuasión. Persuación que, a través del miedo y el hartazgo, induzcan al pueblo llano a desear una solución rápida, que lo dejen paz, aunque no sea la mejor. En el caso de la “cuestión catalana”, la cabezonadas de unos y otros, así como las consecuencias que se derivan para el común, tapan la necesidad de diálogo que, hasta la saciedad, se ha pedido desde muchos sectores, incluidos de la justicia. Ya hemos dicho en más de una ocasión la envidia que nos causan soluciones en situaciones parecidas como la de Escocia o Quebec. Alguien argüía impedimentos constitucionales que como para el pago de la deuda externa se resolvieron con celeridad.
La cuestión política casi nunca es tan simple como se pretende presentar. Los supuestos males que se podrían deducir en lo económico (los de enfrentamientos y despretigio exterior importan menos) tendrían que haberse previsto y sopesado en las compartidas intransigencias. Los intereses de grupo (la impaciencia y oportunismo catalanistas por un lado, y poner sordina a los juicios por corrupión por otro) han primado sobre el bien del conjunto. Esa falta de diálogo, además de acrecentar las dudas sobre la justicia, a la que se remiten asuntos que debía haber resuelto la política, ha confundido la imagen de las fuerzas del orden. Ni los mossos han siempre tan respetuosos con la ciudadanía, como ahora han podido aparentar, ni la guardia civil ni la policía nacional debieran haberse visto tildados por el “a por ellos”. En el conjunto de esos colectivos hay algunos episodios menos presentables junto al servicio riguroso a la ciudadanía que tienen atribuido.

Las dudas sobre la legalidad y la justicia en este caso empiezan por lo mismo: por encargarla de asuntos que debiera haber resuelto la política. Así lo han expuesto con claridad desde Jueces para la Democracia. Además, el sistema democrático español viene adoleciendo de una separación más clara de la justicia de los demás poderes. Por citar un ejemplo, el de la fiscalía general del estado no es la menor. La elección del “contundente” señor Maza es una decisión del actual gobierno. El dicho Fiscal General fue criticado por la ardorosa defensa del Fiscal anti Corrupción que al final tuvo que dimitir por oscuras implicaciones con políticos del PP. En cuanto a la elección de responsables del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, se mantiene una serie de cuotas para los principales grupo parlamentarios que al final merman la tal independencia. Además, en la propia judicatura se mantienen secuelas heredadas de las generaciones que ejercieron en la dictadura. Ello se ha mostrado en casos concretos en que el corporativismo ha impuesto su inercia conservadora con la expulsión de jueces que como, Garzón o Elpidio, se pronunciaron en contra del poder establecido.

Por si con esas trabas a la judicatura no hubiera bastante, las cuotas de los dos partidos han llegado a la limitar la autonomía de organismos de contrapeso público como el Consejo de RTVE, el Consejo de Estado, o el Tribunal de Cuentas. Pero de todos ellos, probablemente donde se nota la menor autonomía ahora quizá sea en el Tribunal Constitucional. Resulta que aquí, en el intercambio de nombres para completar dicho organismo, se ha desechado hasta la mínima apariencia de tentación partidaria. En él podemos encontrar componentes que mantenían el carnet del PP en el bolsillo, o fervorosos antiabortistas. Es ese organismo, heredado de la mayorías absoluta del PP y después reducido a una mínima mayoría, el que sigue arbitrando el rigor constitucional de las medidas del gobierno.

Probablemente pararse a reparar sobre estas cuestiones resulte engorroso y pesado. Sin embargo, creo que no hay otro camino para quienes quieran alardear de respeto a la legalidad y a la democracia. Estaría bien que reparáramos en si hay tanta legalidad como se pregona o nos la están dando con queso ocultando corrupciones varias. Veamos pues si hoy el “cachondeo” del que hablaba Pacheco es tan cierto o más como se creía.

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Maestro jubilado y activista social. Desde su juventud ha estado vinculado al mundo educativo, sindical, político y social de diversos ámbitos. En la dictadura estuvo vinculado con el movimiento del magisterio por la dignificación de la educación. Participó activamente en la reconstrucción del PSOE y de FETE-UGT en la provincia. Descontento con la deriva de ambas organizaciones, vertió sus esfuerzos en los Movimientos de Renovación Pedagógica (Grupso Pedagógicos de Jaén) y más tarde en el sindicato USTEA. Crítico con el derrotero que ha ido tomando esta democracia, se ha vinculado con movimientos críticos como Foro Social de Linares, 15MLinares, FCSM, en un diálogo plural e intergeneracional. Actualmente ejerce como responsabilidad directa la coordinación de Jaén Laico dentro de Andalucía Laica-Europa Laica.

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