La Junta de Andalucía ha vuelto a reivindicar un incremento de la aportación estatal al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Comisión Provincial de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) celebrada durante esta mañana en la Subdelegación del Gobierno y en la que ha participado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, junto al diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro.

“Volvemos a reclamar al Gobierno de la nación un aumento de su aportación como ya incrementaron la suya Junta y Diputación, del 40 al 45 por ciento”, ha indicado Cobo, que ha detallado que la inversión del Ejecutivo autonómico asciende a 6,4 millones de euros. A este respecto, la delegada del Gobierno ha recordado que este incremento de fondos ya se fijó el pasado año y es el resultado del aumento de la cantidad que Junta y Diputación aportan para la adquisición de materiales de un 40 a un 45 por ciento.  

En relación a la previsión anunciada por el Gobierno central de aumentar en un tres por ciento la cantidad consignada para Andalucía, Cobo ha lamentado que esta subida esté condicionada por la aprobación de los Presupuestos General del Estado para 2017. “Hay que verlo para creerlo. Si de entrada lo hubieran querido, se podría haber traído directamente una modificación presupuestaria de los 500.000 euros que supondría para nuestra provincia este posible incremento”, ha criticado. Y ha avanzado que “si efectivamente se llegara a aprobar, nos volveríamos a reunir para ver con qué criterios se repartiría esta cuantía que es muy pequeña para toda la provincia”.

Coincidiendo con la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la delegada del Gobierno ha vuelto a exigir una mayor implicación del Gobierno central con la provincia. Según los datos (14.000 parados menos), “cuenta con las mejores cifras de España, pero, al ser algo estacional y vinculado con la agricultura, se necesita de este apoyo el resto del año para complementar los jornales del campo”

A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras. El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social.