Este enero se cumple el noveno aniversario de la Ley de la Dependencia. Un texto que debe consolidarse sí o sí en un Estado de Bienestar, donde los números deben ser una preocupación, pero sin olvidar los derechos y demandas sociales de su ciudadanía.
Sobre esta norma, es cierto que se llevó a cabo con carencias importantes, como el no haber desarrollado y delimitado de forma clara y sólida su marco de financiación. Ya sabemos que en España la colaboración entre instituciones con vistas al ¨interés general¨ ha sido difícil y si se ha dado, ha sido a cuentagotas. Pero no quiero cansar al lector, con temas administrativos, rivalidades políticas e intereses estrategas, quisiera hacer una reflexión sentimental, humana fuera de temas administrativos y entramados.
Es cierto que durante mucho tiempo no fui objetivo con esta ley, e incluso entre mis círculos de amistades criticaba sus formas, no el fin (criticar el fin de esta ley sería algo inhumano), pero el hecho de comprobar con mis propios ojos, el sacrificio que es para una familia, sacar adelante a una persona de 15 años con un 99% de discapacidad, me ha hecho ser consciente de la situación dramática que pasan muchas familias en nuestros pueblos y ciudades. No podemos (ni ciudadanos ni instituciones) dejarlos solos.
No me gustaría hacer un debate partidista, considero que ningún responsable político en su sano juicio, recortaría directamente recursos públicos para esta norma. Muchos ciudadanos no somos conscientes de este drama, porque el azar no nos ha elegido, sin embargo cabe hacer un ejercicio de solidaridad entre la ciudadanía para reivindicar la importancia de este texto en un estado democrático y social. Olvidemos los reproches políticos y en este tiempo de pluralismo político, reivindiquemos que todas las instituciones consigan un funcionamiento pleno de la norma.
Sería un gran paso para nuestro país que consigamos poco a poco normas que hagan realidad y den forma a derechos sociales, ya que la dignidad es algo que no puede tener precio.
