Coincidiendo con la celebración en el día de hoy del Día Internacional Contra la Violencia de Género, y en una visita a nuestra ciudad, el secretario de Estado de Hacienda, José Luis Fernández de Moya, ha incidido en la “la lucha decidida del Gobierno” contra el maltrato a la mujer, que tiene como objetivo “convertir la igualdad legal entre hombres y mujeres en igualdad real”. Por eso, ha detallado, el Gobierno ha establecido el Plan de Igualdad de Oportunidades 2014/2016 con un total de 224 actuaciones y una dotación presupuestaria de 3.100 millones de euros.

En este mismo sentido ha resaltado la exención de tributación del IRPF para las ayudas concedidas por entidades locales o comunidades autónomas para atender a colectivos en riesgo de exclusión social o en situaciones de emergencia social, entre otros. Un compromiso presupuestario que en 2016 ha contemplado un incremento de 1,5 millones de euros, aumentando la partida presupuestaria en un 6,32 por ciento respecto al presupuesto anterior, y en el que más de un 60 por ciento de ese presupuesto se destina a la prestación de servicios asistenciales.

Los ejes de la estrategia del Gobierno para la lucha contra la violencia de género, ha detallado, permiten en el ámbito educativo trabajar por una mayor prevención en edades más tempranas; así como mayor sensibilización y concienciación social. De hecho, ha destacado el incremento del 51,4 por ciento de las llamadas recibidas entre los meses de marzo y mayo (de 5.121 a 7.754 llamadas) al teléfono 016, gratuito y que no deja rastro en facturas.

La justicia gratuita y el asesoramiento previo es otro eje de esta estrategia, de forma que aquellas victimas que no dispongan de recursos económicos para la atención legal tienen derecho a un abogado de oficio y no se harán cargo del coste de las tasas judiciales. También ha puesto en valor la mejora de la respuesta institucional y la mayor protección a las víctimas, con la colaboración entre la UE, el Estado y las comunidades autónomas.

Fernández de Moya también ha destacado que, por primera vez, se ha dotado de mayor visibilidad y protección a los menores víctimas de la violencia de género con su reconocimiento legal y la obligación de las autoridades judiciales de pronunciarse sobre medidas cautelares, de manera que estos menores puedan permanecer con sus madres sin que se produzca desafección como consecuencia del propio episodio de maltrato.

Por último, ha abundado en que la última reforma del Código Penal ha mejorado el control eficaz a los agresores y la tipificación de nuevos delitos como el matrimonio forzado, el acoso, el hostigamiento y el acecho, así como actuaciones ante la inutilización de los brazaletes de seguridad y la ampliación de medidas cautelares.