El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha firmado esta mañana con el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades para que siga funcionando la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que dos años y medio después de su puesta en marcha ha facilitado que más de 500 familias hayan podido permanecer en sus hogares. La Administración provincial aportará otros 37.000 euros a esta entidad, que lleva desde noviembre de 2012 prestando ayuda jurídica a jiennenses que se enfrentan a un posible desahucio. Así, la cantidad entregada por la Diputación al Colegio de Abogados para que funcione esta oficina supera ya los 129.000 euros.

En el acto donde se ha formalizado este acuerdo, Reyes ha recordado que es la tercera vez que se renueva el convenio, lo que “pone de manifiesto nuestro compromiso por dar continuidad a este importante proyecto, que cubre una necesidad social que exige de nuestra respuesta política como Administración pública”. En esta línea, ha subrayado que esta oficina “con cuya puesta en marcha fuimos pioneros en la provincia de Jaén, permite ofrecer un servicio público de enorme interés social y de gran necesidad para la ciudadanía debido a la actual coyuntura económica, que ha provocado que muchas familias tengan que enfrentarse a situaciones de gran dificultad y se estén viendo abocadas a abandonar sus viviendas al no poder hacer frente al pago de una hipoteca”.

Francisco Reyes ha justificado con datos la continuidad de este instrumento, dado que según el Consejo General del Poder Judicial, sólo en el primer trimestre de 2015 se produjeron en España más de 20.000 ejecuciones hipotecarias, 213 de las cuáles fueron en Jaén, “un 19% más respecto al mismo periodo del año anterior”, ha resaltado. “Estas cifras ponen de manifiesto que las administraciones tenemos que seguir trabajando duro, pegados a una realidad injusta en la inmensa mayoría de las ocasiones, aportando en la medida de nuestras posibilidades soluciones a este problema para ayudar a aquellos que peor lo están pasando”, ha apostillado el presidente de la Corporación provincial.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria es un instrumento público y gratuito que asesora y presta ayuda a los ciudadanos ante “la difícil y desagradable situación que muchos están padeciendo”, ha dicho Reyes, quien ha recordado que hasta marzo de este año “han sido cerca de 690 expedientes, procedentes de 70 municipios, los que han sido tramitados”. Entre ellos no sólo se encuentran casos de personas que ya han recibido una demanda judicial para abandonar su vivienda, sino también aquellos que prevén que pueden verse desahuciados porque se encuentran en momentos de dificultad económica y necesitan renegociar el abono de la hipoteca con su respectiva entidad bancaria; y personas que tienen la certeza de que están a punto de recibir esa demanda. De igual modo, desde esta oficina también se ofrece un servicio de asistencia jurídica a los emigrantes retornados en materia de tributación por las pensiones devengadas en el extranjero.

La Diputación es la encargada de la gestión de solicitudes y de la recogida de datos de personas y familias a través de los ayuntamientos de la provincia y de los 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios que tiene repartidos por la provincia. Posteriormente, los letrados del Colegio de Abogados valoran y estudian pormenorizadamente cada caso, además de negociar con las entidades bancarias una posible solución para conseguir que las familias puedan permanecer en sus viviendas. “Se realiza, por tanto, un intenso trabajo de intermediación, que ha arrojado desde sus inicios unos resultados altamente satisfactorios”, ha enfatizado Reyes, quien además de apuntar las más de 500 las familias que han podido permanecer en sus hogares gracias a las gestiones de esta oficina, ha añadido que se han paralizado desahucios, se ha llegado a acuerdos para refinanciaciones con las entidades bancarias, para la dación en pago o el alquiler social y se han declarado nulas algunas cláusulas suelo.

Por su parte, tanto el decano del Colegio de Abogados como la coordinadora de la Oficina de Intermediación Hipotecaria han agradecido a la Diputación estas aportaciones económicas que permiten que funcione. “En mis tres años de decano, esta es una de las iniciativas más satisfactorias que hemos adoptado porque nos permiten ayudar a las personas más necesitadas”, ha dicho Oya, que ha puesto el acento, al igual que Rodríguez, en que “el 90% de los expedientes gestionados se ha resuelto favorablemente”. Este “éxito” se debe a la “coordinación con la Diputación” y también al “esfuerzo de los letrados, que han tomado este proyecto como algo suyo, porque es una de esas labores primordiales que hacen a una institución estar en la calle, al lado de los desfavorecidos”, ha concluido el decano del Colegio de Abogados.