La Junta destina 43.700 euros este año a Linares para el Programa de Ayudas Económicas Familiares, dentro del Decreto de Inclusión Social aprobado por el Gobierno andaluz para favorecer a las familias con mayores necesidades en la provincia.

Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.

 Ángeles Jiménez ha afirmado que el objetivo de estas ayudas es “prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias”.

La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.

El programa de ayudas económicas familiares complementa las medidas extraordinarias para la contratación incluidas en el decreto de inclusión social de la Junta en Linares, que superan los 275.600 euros. Por otra parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía incluye en su redacción el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se trata de nuevas prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas por los ayuntamientos, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido.

Más de 500 familias y 1.058 menores atendidos en 2013

Jiménez ha destacado la labor realizada por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.

 Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2013 se beneficiaron de estas ayudas un total de 501 familias y 1058 menores.