La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha acogido hoy la celebración del Consejo Provincial de Discapacidad, que ha abordado la creación de una comisión específica sobre integración laboral de personas con discapacidad en las administraciones locales, en la que han colaborado las asociaciones APROSOJA, FEJIDIF, ADACEA y Caminamos.

Según ha comentado la delegada territorial, Ángeles Jiménez, la atención a las personas con discapacidad y su integración laboral “es una de las estrategias prioritarias para la Junta de Andalucía, tal y como se desprende de su compromiso con la presencia de la dimensión de la discapacidad, desde una perspectiva transversal, en todas las acciones del Gobierno andaluz”.

Como responsable de la inclusión social de este sector, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se encuentra tramitando el Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que tiene como objeto promover los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta Ley incide especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad; impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a  hombres y mujeres con discapacidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía, y asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.

 

Población con discapacidad

En Jaén hay más de 37.000 personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, de las que el 49% eran hombres y el 50% mujeres; el  4,9% tienen menos de 17 años, el 9,1% están entre los 18 y 34 años, el 53% son personas entre los 35 y 64 y el 32% más de 65 años, de los que el 32,7% son mayores de 80 años. Según el porcentaje de grado de discapacidad, más de la mitad de las personas reconocidas (62%) tienen un grado entre el 33 y 64%; en torno al 21%  entre el 65 y 75%, y el 17% restante tienen una discapacidad severa con  un grado de más del 75%.

Según el tipo de discapacidad, el 54% de las personas valoradas presenta discapacidad física, el 15% psíquica, el 8% sensorial y el 22% mixta, es decir presentan distintas patologías múltiples.

De las personas con discapacidad en la provincia, el 7,94% hace uso de una tarjeta de aparcamiento que les permite el uso de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida. En la provincia existen cerca de 3.000 personas titulares de esta tarjeta, de éstas el 54% son hombres y el 46% mujeres.

 

Centro de valoración y orientación

Durante el pasado año tuvieron entrada en el centro 9.577 solicitudes de inicio de algún procedimiento, más de la mitad han estado relacionadas con el reconocimiento de discapacidad, es decir el 57% de las solicitudes se han iniciado para la valoración del grado de discapacidad. De ellas, el 32% fueron expedientes nuevos, y el 25% revisiones del grado de discapacidad.

De todas las personas que se cita para valoración el 90% finalizan el proceso con una resolución de grado de discapacidad, el 10% restante con resoluciones de caducidad o desistimiento,  por no presentarse a la cita o por no presentar documentación. Más de la mitad de las resoluciones emitidas (56%) eran de expedientes iniciales, y el 44% restante fueron de revisiones del grado de discapacidad, de las que el 17% se iniciaron de oficio por tener un reconocimiento con carácter provisional o revisable y el 26% fueron revisiones a solicitud de la persona interesada por agravamiento o mejoría de su situación.

Paralelo al incremento en volumen de resoluciones, también se observa el aumentado del número de resoluciones que no alcanzan el 33% de discapacidad, que es el umbral legal fijado para muchas de las prestaciones y servicios a las que tienen derecho las personas con discapacidad.

El número de solicitudes  de dictamen técnico facultativo de pensión no contributiva fue de 387. Según el sexo de la personas solicitantes, el 53% han sido mujeres (225) y el 47% hombres (203).  Según el tipo de procedimiento el 77% lo solicitaron por primera vez, de todas las solicitudes el 71% obtuvieron grados de discapacidad igual o superior al 65% que les dio derecho a percibir la pensión, de estos el 17% obtuvieron un grado superior al 75%.

Actualmente en la provincia existen más de 3.600 personas beneficiarias de una prestación económica de naturaleza no contributiva, el 92,36%  perciben una Pensión no contributiva propiamente dicha, el 5,20%  son perceptores del subsidio de garantía de ingresos mínimos  de la LISMI y un 2,42%  perceptores de la ayuda del FAS.

 

Lucha por la Igualdad

La consejera del ramo ha firmado un convenio marco que ha sido rubricado también por el subdirector general de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, y el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI), José Manuel Porras, para mejorar la imagen social de las personas con discapacidad.

En virtud de este convenio, se desarrollarán de manera conjunta actuaciones tendentes a promover los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. El acuerdo persigue también sensibilizar y concienciar a la ciudadanía y profesionales de los medios de comunicación sobre la realidad social de las personas con discapacidad, promoviendo una imagen normalizada.

Esta línea de trabajo se ha venido desarrollando desde 2010, cuando se selló un anterior convenio de colaboración para desarrollar acciones de sensibilización social sobre las personas con discapacidad en Andalucía, que ha sido prorrogado durante dos anualidades más y que ahora se refuerza con la firma de este convenio marco.

Este renovado convenio se dirige a proteger los derechos relacionados con la dignidad humana, la igualdad y el respeto a la diferencia, que vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.