La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, y el director ge-neral de Memoria Democrática de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Luis Naranjo, acompañados de la responsable provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, Marisol Gutiérrez, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, cuya tramitación fue autorizada por el Consejo de Go-bierno del pasado martes, con lo que a partir de este momento seguirá el procedimiento reglamentario previsto para las normas de este rango, antes de su remisión al Parlamento.

Durante sus intervenciones, han coincidido en que la futura Ley de Memoria Democrática, que será la más avanzada de todas las que hay en vigor, superando la Ley de Memoria Histórica Estatal, salda una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los lucha-dores por la libertad, por la democracia y con la expresión del pueblo andaluz en su camino a la autonomía plena. “Responde al compro-miso de la Junta con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”, ha apostillado la delegada.

Asimismo, el anteproyecto está avalado por el relator de las Na-ciones Unidas, suponiendo un paso importante para corregir la injus-ticia con las personas represaliadas durante la dictadura en el que están implicadas siete Consejerías de la Junta en función de sus competencias. Además de la de Administración Local y Relaciones Institucionales han participado la de Justicia e Interior, la de Turismo y Comercio, la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la de Hacienda y Administración Pública, la Educación y Cultura y la de Presidencia.

“Esta futura norma tiene como propósito fortalecer los pilares de la democracia para que no vuelvan a suceder hechos tan trágicos, porque sólo reconociendo la verdad se pueden evitar actitudes del pasado”, ha puesto de relieve el director general.

El objeto de la futura Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática de Anda-lucía, ampliando el horizonte temporal que marcaba la ley estatal. Además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, abarca la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía (periodo del 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982).

El cuerpo normativo del anteproyecto se compone de un título preliminar (artículos del 1 al 4) y seis más: el primero sobre las víctimas de la represión (art. 5 al 14); el segundo sobre la reparación a las víctimas (art.15 al 34); el tercero habla de documentos de la memoria democrática de Andalucía (art. 35 al 37); el cuarto del fomento del movimiento asociativo y fundacional (art.38 al 41); el quinto de la actuación y organización administrativa (art.42 al 47) y el sexto del régimen sancionador (art.48 al 53). Seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

En cuanto a las víctimas el articulado recoge, entre otras consi-deraciones, la ampliación del concepto de víctima a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, y se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis (art.5); la elaboración de un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que tendrá carácter público (art.6); se señala un día de recuerdo y homenaje a las víctimas el 14 de junio (art.17); y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé el impulso de la dignifica-ción de las fosas comunes en los cementerio (art. 18).

Con relación a los lugares y senderos de Memoria Democrática, el texto cita la creación de un catálogo de lugares en el que se incluirán los espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía, que tendrán un grado de protección para garantizar su conservación; la figura del Sendero de la Memoria( art. 21 al 31) y la necesidad e un informe vinculante de la consejería donde residan las competencias de memoria para preservar los lugares inscritos en el catálogo.

En cuanto a los símbolos, de los que se habla en los art. 32 al 34 y en la disposición adicional primera, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, de lo contrario la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.

Sobre las fosas (art.7-15), se llevarán a cabo las actuaciones ne-cesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desapa-recidas; se elaborará un Plan de Memoria Democrática cuatrienal (que se complementará con planes anuales,) donde se priorizan las medidas y actuaciones para la localización, exhumación, y, en su caso la identificación de las víctimas; se trazará un mapa de las áreas donde se localizan las fosas tomando como base el trabajo realizado, y la localización, exhumación y e identificación se incoarán por la Junta o por los ayuntamientos, a instancias de familias, entidades memorialistas e investigadores.

En este aspecto, el Gobierno andaluz va un paso más allá, y cuando los enterramientos estén en terrenos de propiedad privada, si el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

Asimismo, la Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones, y la consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico en representación de la administración autonómica en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante.
Las infracciones y sanciones ante el incumplimiento de la Ley se recogen en los artículos 48 al 53. Se consideran muy graves: la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas, la sanción va de 10.001 a 150.000 euros. Por graves: incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas , no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos. Sanción de 2.001 a 10.000 euros. Por último, incumplir la prohibición de exhibir públicamente placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que están catalogados como Lugares de Memoria, sanción de 200 a 2.000 euros. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

En materia educativa, en el artículo 46 el nuevo texto recoge que se incluirá la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas, con la finalidad de revisar los textos escolares para que se ofrezca información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en las conclusiones de la investigación histo-riográfica. También se impulsará la colaboración con las Universida-des andaluzas para que incorporen esta materia en los estudios uni-versitarios que proceda.

Asimismo, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática como órgano de participación; la creación del Instituto de la Memoria Democrática que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas que garanticen el cumpli-miento de la Ley (art. 42-44); el impulso de las medidas necesarias para la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la guerra civil y el franquismo (art.35-37) y el reconocimiento y registro de entidades de Memoria en Andalucía.