La Ley de Servicios y Colegios Profesionales que pretende poner en marcha el Gobierno, tendrá consecuencias nefastas para los profesionales, que forman parte del colectivo de procuradores de la ciudad de Linares.

El daño que provocará a la ciudadanía, es grande ya que afectara a estos profesionales en dos razones fundamentales: una de ellas es el cese de la incompatibilidad en el ejercicio de la profesión entre Abogado y Procurador, y este, por su parte acometer las labores de defensa del letrado.

El otro punto, sería la supresión del arancel del derecho de los procuradores, que es un pago de carácter social que garantiza la protección del cliente.

El Gobierno amparándose, en que es una exigencia de Europa, tomara dicha medida, pero la verdad es que Europa solamente ha solicitado una información del trabajo de estos profesionales. La implantación de esta Ley perjudicara gravemente a los ciudadanos, ya que aumentarían los costes con la implantación de servicios que funcionarían por duplicado. Los colegios de Procuradores asumen el costo de gestiones, resultando gratis para la Administración de Justicia.

Alrededor de 188 millones de euros anuales, es la cantidad que estos colegios sufragan parcialmente a la Administración.
En el mes de Mayo, se aprobó el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se incrementan las funciones de los Procuradores, quitándole atribuciones en sus cometidos.

Desde el PA, apoyamos incondicionalmente a estos trabajadores al servicio de la ciudadanía en sus reivindicaciones para la paralización o modificación de esta reforma de la Ley de servicios profesionales, que seguramente en su redacción definitiva, perjudiquen a otros colegios profesionales.

Procuradores

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