La actual ley electoral española se basa en la aprobada por las cortes orgánicas franquistas según Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977. Esta ley pretendía únicamente ser una norma provisional para las elecciones de junio del mismo año 1977. Sin embargo la Constitución de 1978 recogió de forma definitiva los puntos fundamentales de aquella en su cuerpo jurídico. Todo ello hace que tengamos en España para las elecciones al Congreso, un modelo electoral podríamos decir algo “peculiar”. Habría que recordar que, de forma general los sistemas electorales tienen dos mecánicas distintas: el modelo mayoritario, donde el ganador de una circunscripción se lleva todos los escaños en juego, y el modelo proporcional, donde se asigna un número de escaños en función proporcional al número de votos recibidos.

Nuestro sistema hace que, sólo algunas circunscripciones, (provincias), de las 52 que existen, sean asignadas realmente de forma proporcional, mientras que la gran mayoría lo hacen por un sistema tendente al modelo mayoritario. Eso puede provocar que un partido pueda obtener la mayoría absoluta, como por ejemplo el PP en las últimas elecciones con el 44,6% de los votos. Lo afirmado anteriormente viene como consecuencia de la aplicación de la llamada Ley d’Hont, una regla electoral inventada por un matemático holandés que se utiliza en España para la asignación de los 350 escaños del Congreso en función de los votos obtenidos en una elecciones generales.

De forma muy breve diremos que el sistema d´Hont, en cada circunscripción excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos. Seguidamente, el resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, con las cifras de votos obtenidos, dividiendo estos por 1, 2, 3, 4, etc., según sea el nº de escaños correspondientes a la circunscripción, obteniendo de esta forma un nº determinado de cocientes. El valor de cada uno de ellos en orden decreciente será el elemento que asigne los diputados a los partidos correspondientes, pudiendo darse el caso de que un solo partido copara todos los escaños de la circunscripción si sus cocientes fueran mayores que el total de los votos recibidos por cada uno de los demás partidos.

Todos los votos emitidos por los ciudadanos a las formaciones que no consigan un escaño los podríamos considerar “votos perdidos”, ya que de una manera imaginaria, si un partido fuera votado por 25.000 votantes en cada una de 35 circunscripciones, pero que no llegara a ser suficiente para lograr algún escaño, se podría producir el hecho de que con 25.000X35=875.000 votos no obtendría ningún diputado en el Parlamento, de no ser votada en las provincias de mayor población.

Recordando las pasadas elecciones generales de 2011, formaciones nacionalistas como AMAIUR logró 7 escaños con 334.498 votos, concentrados lógicamente en las provincias vascas, o ER de Cataluña 3 diputados con 244.854 votos. Por el contrario UPyD obtuvo tan solo 5 escaños a pesar de recibir 1.143.225 en toda España e IU, votada por 1.165.991 ciudadanos logró 11 diputados. Como se desprende de estos datos, la ley electoral premia a los partidos con fuerte implantación en un número reducido de provincias, como es el caso de CIU, ERC o el PNV.

Pero esto no es todo, el hecho de que se dé a cada provincia un mínimo de dos diputados hace que las menos pobladas estén sobrerrepresentadas, lo que tampoco ayuda a mantener la proporcionalidad. Así, como ejemplo, Barcelona tiene un censo electoral de 4.027.998 personas que eligen a 31 diputados, por lo que le corresponde un representante en el Congreso por cada 129.255 electores, mientras que Teruel, con tres escaños y un censo de 108.469 personas, hay un escaño por cada 36.156 electores.

Respecto a los votos en blanco, éstos son votos válidos y, por tanto, cuentan a la hora de establecer el porcentaje de votos mínimo que debe conseguir cada candidatura para entrar en el reparto de escaños, ya que cuanto mayor sea el voto en blanco más sufragios tendrán que cosechar cada partido para superar ese porcentaje. Ahí radica su principal influencia en el proceso.  Ahora bien, a la hora de repartir los escaños, el voto en blanco ya no computa porque sólo se utilizan los votos a candidatura.

Como conclusión podemos afirmar que:

  • El sistema electoral actual es injusto con los partidos que obtienen respaldo más repartido en el conjunto de España, pero menos concentrado en unas pocas provincias.
  • Premia a los partidos pequeños con mayor respaldo en pocas provincias, como es el caso de los partidos nacionalistas.
  • Propicia el bipartidismo, favoreciendo a los dos grandes partidos nacionales, que sin embargo quedan a expensas del “chantaje” de los partidos nacionalistas: favores territoriales por supuestas deudas históricas a cambio de apoyo a la gobernabilidad y aprobación de leyes; y lo que es más grave, una permanente reclamación de mayor autonomía que no termina de cerrar un modelo de Estado democrático estable. Por todo ello desde esta formación de FCSM exigimos y apoyamos cualquier resolución para lograr que efectivamente se cumpla esa norma democrática de “un ciudadano, un voto”.

Jorge Andújar Escobar