La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, acompañada del delegado territorial de Fomento y Vivienda, Juan Antonio Sáez, ha presentado esta mañana La Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobada ayer por el Parlamento andaluz con los votos a favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida y en contra del Partido Popular.

Esta normativa, que tiene su origen en el decreto ley que el pasado mes de abril aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se nutre con las aportaciones de colectivos sociales recibidas durante la tramitación parlamentaria. “La nueva norma trata de reforzar la lucha contra los desahucios y hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma y también en la provincia. Además, pretende abaratar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de personas en situación especialmente vulnerable”, ha aseverado Gálvez.

Como principal novedad, el documento amplía los supuestos para acogerse a la expropiación temporal del uso de la vivienda con el fin de evitar el desahucio a avalistas, autónomos y a quienes hayan formalizado las denominadas “hipotecas puente”. En el primer caso, se podrán beneficiar de esta figura los avalistas que se encuentren en un proceso de ejecución hipotecaria por ofrecer su propia vivienda habitual como garantía o aval ante la concesión de un préstamo por la entidad financiera. También lo podrán hacer los autónomos cuyo inmueble habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al ejercicio de su actividad profesional, así como a quienes hayan formalizado las denominadas “hipotecas puente”, dirigidas a quienes cambian de casa.

“Además, entre otras medidas, el texto refuerza la protección de los inquilinos desalojados de sus inmuebles por impago de las rentas, de modo que dará cobertura a víctimas de desahucios en régimen de alquiler, en virtud de uno de los principales ejes de la norma, como es la defensa del alquiler asequible para todos”, ha asegurado Gálvez.

Igualmente, la ley recoge medidas del decreto ley, como sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos o inmobiliarias) que tengan viviendas vacías; de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus inmuebles protegidos; incentivos para el arrendamiento de viviendas desocupadas por parte de propietarios particulares o la expropiación temporal (tres años) del uso de los inmuebles embargados a personas en riesgo de exclusión social para evitar sus desahucios. “Medidas que tienen como objetivo último hacer aflorar el máximo número de viviendas vacías posible, que son entre 700.000 y un millón en Andalucía (unas 65.000 en la provincia jiennense), una comunidad donde se han producido 86.000 desahucios desde 2007, 45 al día; y donde la vivienda en alquiler apenas alcanza la mitad del porcentaje que representa en Europa”, ha detallado la delegada, que ha subrayado la dimensión de una norma que, al igual que el decreto ley, “supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda, de considerarla como una mercancía a un derecho con mayúsculas”.

Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda
En esta línea, Juan Antonio Sáez ha puesto de relieve el amplio programa de medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Fomento y Vivienda en beneficio de los ciudadanos. En este punto, ha aludido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que ha permitido evitar a nivel andaluz unos 2.000 desahucios. “La Oficina en Defensa de la Vivienda en Jaén ha impedido hasta el 24 de septiembre 214 desahucios, mientras que la Consejería, de oficio, ha paralizado 114 dentro del parque público de viviendas”, ha subrayado Sáez, que ha ensalzando la actitud “beligerante” de la Junta “con las políticas que posibilitan desproteger a las víctimas de la crisis económica y que no tienen ingresos para pagar sus hipotecas o sus arrendamientos”.

En lo concerniente a los nuevos colectivos que amparará la ley, el delegado ha explicado que en la Oficina Provincial en Defensa de la Vivienda se han contemplado 58 casos de personas avalistas y autónomos que necesitan protección. Asimismo, ha valorado el trabajo que realiza este servicio negociando con los bancos para que no se entre en la fase de demanda judicial por falta de pago por hipotecas o arrendamientos. “Además, ha protegido, desde su entrada en funcionamiento, a 24 familias que habían sido desalojadas y a las que la Junta les ha procurado un hogar”, ha señalado Sáez.

Como conclusión, el delegado ha puesto el acento en la importancia tanto de la nueva normativa, como del decreto ley para la elaboración de un Registro Andaluz de Viviendas Vacías para amparar a los demandantes de vivienda en Andalucía, unos 20.000 en la provincia jiennense.

Momento de la rueda de prensa

Momento de la rueda de prensa