La Junta de Andalucía ha aprobado la entrada en funcionamiento de dos tramitadores telemáticos que reducirán costes y procedimientos administrativos y, por tanto, agilizarán la puesta en marcha de establecimientos e instalaciones industriales, además de impulsar la actividad en el ámbito empresarial. Así lo destacó ayer el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Gabriel Pérez, en la inauguración de las sesiones formativas que se desarrollarán a lo largo de esta semana para asesorar a los colectivos afectados.
Así, ayer y hoy asisten profesionales de empresas instaladoras; el miércoles, la sesión irá dirigida a colegios profesionales de ingenieros industriales y de ingenieros técnicos industriales; el jueves asistirán el resto de colegios profesionales relacionados con esta materia (arquitectos, aparejadores e ingenieros de minas); mientras que el viernes irán representantes de ayuntamientos y la Diputación.
El delegado explicó que estas dos nuevas herramientas, denominadas PUES (Trámite de puesta en servicio de instalaciones industriales) y HAPR Empresas (Presentación de la declaración responsable para el acceso a una actividad de servicios industriales), permitirán un ahorro global estimado en Andalucía de unos 7 millones de euros anuales, ya que los ciudadanos y empresas que necesiten realizar estos trámites, antes sólo factibles de manera presencial, podrán ahora realizarlos desde cualquier equipo con conexión a internet.
Manuel Gabriel Pérez insistió en las mejoras económicas, si bien dejó claro que las ventajas de este sistema no se limitan sólo a esta cuestión, ya que “el ciudadano podrá realizar sus trámites durante las 24 horas del día todos los días del año, sin necesidad de desplazarse a las sedes administrativas y también será positivo para la Administración, que reduce significativamente el trabajo administrativo asociado a la tramitación de estos procesos”.
El delegado recalcó que el nuevo sistema implicará una descongestión en la gestión administrativa, ahorro económico a las empresas y agilización de los procedimientos administrativos. Así, continuó explicando que el tramitador PUES permitirá gestionar anualmente unos 2.000 expedientes en la provincia de Jaén (unos 35.000 en Andalucía), mientras que el HAPR hará lo propio con en torno a un centenar de declaraciones responsables en la provincia (unas 2.000 en la región).
A su vez, esta nueva vía de interrelación entre empresas y Administración autonómica permitirá reducir significativamente los plazos de respuesta. Así, se suprime el plazo de 20 días para resolver la puesta en servicio de un importante grupo de instalaciones, de manera que todas las que no requieran expresamente una autorización de otra naturaleza estarán sujetas a un trámite de respuesta inmediata.
Por lo que respecta al HAPR, el procedimiento es el mismo, pues se emite automáticamente un justificante de haber presentado la declaración responsable que, de acuerdo con la normativa sectorial, posibilita el inicio inmediato de la actividad para un importante grupo de empresas que antes de la Directiva de Servicios requerían autorizaciones expresas.
Pérez Marín insistió en que, con estas nuevas herramientas, la Junta de Andalucía va en consonancia con la normativa europea, que limita los controles administrativos previos y flexibiliza las condiciones para el inicio de algunas actividades, y da pasos adicionales, acelerando todos esos procesos vía on line, y evitando así desplazamientos o trámites innecesarios para el usuario.
El tramitador HAPR estará operativo el 27 de marzo, mientras que el PUES lo estará el 11 de abril. Además, para el caso de este último se establece un periodo de tres meses de coexistencia del anterior procedimiento y el telemático, siendo éste el único posible a partir del próximo mes de julio.
El delegado dejó claro que esta simplificación y agilización administrativa no supondrá en ningún caso una disminución del control y supervisión de la Administración, ya que se reforzará el control a posteriori de los expedientes que se tramiten conforme al nuevo procedimiento, tanto de la documentación presentada en cada momento por los solicitantes, como de las propias instalaciones, mediante los correspondientes planes de inspección destinados a la vigilancia de la seguridad industrial.
Para finalizar, Manuel Gabriel Pérez detalló que en el caso de PUES, abarca la puesta en funcionamiento de las instalaciones industriales y energéticas, con excepción de las que requieren autorización administrativa previa (como instalaciones de transporte y distribución de electricidad e hidrocarburos) y las instalaciones de baja tensión que no requieran proyecto. Concretamente, los tipos de instalaciones incluidos son: Instalaciones de baja tensión, instalaciones térmicas en edificios, instalaciones de productos petrolíferos líquidos, grúas torre, grúas móviles, instalaciones de gas, instalaciones frigoríficas, instalaciones de protección contra incendios, ascensores, instalaciones de alta tensión, almacenamientos de productos químicos e instalaciones de equipos a presión.
En cuanto a HAPR, abarca la presentación de declaraciones responsables para el acceso, modificación y cese de actividades de empresas instaladoras/conservadoras de instalaciones de seguridad industrial, taller de reparación de vehículos, reparador de instrumentos sometidos a control metrológico y la expedición, renovación y baja de habilitaciones profesionales, pudiendo añadirse nuevas actividades mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería.
Presentación herramientas telemáticas
