Presentada el pasado 5 de diciembre en la sede del Consejo General de la Abogacía, se constituyó la plataforma Justicia para Todos, con el objetivo de poner de manifiesto el rechazo de todos los integrantes de la plataforma a la ley de Tasas y al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, porque ponen en cuestión el derecho a la defensa para miles de ciudadanos que carecen de recursos.
La plataforma constituida inicialmente por los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios, nace abierta a la incorporación de cuántas organizaciones compartan el deseo de unir sus voces para defender cuántos proyectos pongan en cuestión el derecho de las personas a acudir a la Administración de Justicia para la defensa de sus derechos en igualdad de condiciones.
En este sentido, en el mismo acto de constitución de la plataforma, el sindicato STAJ, presente en dicho acto, comunicó su adhesión a los fines de la plataforma.
Por la enorme importancia que tiene la constitución de la plataforma Justicia para todos, CCOO estuvo representada por la dirección confederal del sindicato y por el Sector de la Administración de Justicia de CCOO.
CCOO anunció que era imprescindible coordinar todas las acciones que se realicen por todos los colectivos afectados (trabajadores, profesionales, ciudadanos…) contra las gravísimas reformas que está llevando a cabo el ministro Gallardón como punta de lanza del Gobierno, que pretende acabar con los bienes, servicios, derechos y libertades que los ciudadanos hemos conquistado en decenas de años.
Por eso, la recogida de firmas, que ha comenzado el pasado 4 de diciembre, entre miles de trabajadores y ciudadanos contra la Ley de Tasas y contra los proyectos de privatización de la Justicia, va a extenderse en los próximos días también al centro de las ciudades de toda España, así como se intensificarán la convocatoria de concentraciones y actos de protesta contra una política que pretende hacer también de la Justicia un negocio, y privar a los ciudadanos de una herramienta fundamental para defender sus derechos.
CCOO manifestó el rechazo contundente y frontal también contra el anteproyecto de Ley de reforma de los registros, a punto de aprobarse por el Gobierno, que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión de los registros civiles, lo que va a suponer la privatización del Registro Civil y el traslado a los ciudadanos del coste cuando necesiten acudir al registro a inscribir o certificar un nacimiento, filiación, cambio de nombre, nacionalidad, matrimonio, defunción, tutela y curatela, y cualquier otro acto que se refiera a la identidad, hechos y circunstancias de las personas, que deberemos pagar los ciudadanos a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma de Gallardón.