CCOO saluda que el Gobierno de Andalucía haya decidido recurrir el RDL 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. No obstante, el sindicato considera que la Junta de debe dar un paso más y exige su ampliación al ámbito de las enseñanzas universitarias. Pues, según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico del sindicato -que fue utilizado como base para pedir al Defensor del Pueblo que tramitase también un recurso contra el citado RDL-, esta norma vulnera varios artículos de la Constitución, como el del respeto al principio de jerarquía normativa y el relativo a las competencias de las comunidades autónomas.
Además, CCOO considera que el recorte atenta contra el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que la educación es un derecho fundamental. Asimismo el Gabinete Jurídico del sindicato en su informe estima que el real decreto ley vulnera la autonomía universitaria y de las comunidades autónomas.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, recuerda que el RDL 14/2012 regula la jornada de los funcionarios, así como las tasas universitarias y las titulaciones, “materias que son competencias exclusiva de las comunidades y de las universidades”, en virtud de la autonomía que les reconoce la ley.
CCOO denuncia que el Ministerio de Educación ha ordenado las medidas educativas prescindiendo de la negociación colectiva y de lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Más aún, se critica desde el sindicato, “ni siquiera el Gobierno informó previamente a los representantes legales de los trabajadores sobre dichas medidas que afectan a las condiciones laborales de cientos de miles de empleados públicos y de la enseñanza”.
Blanco considera que “sobran las razones para que el recurso que ha aprobado presentar el Gobierno de Andalucía ante el Tribunal Constitucional contra el RDL 14/2012 se amplíe al ámbito de las enseñazas universitarias. Por ello, exige a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo prepare la argumentación jurídica y lo traslade al próximo Consejo de Gobierno.
Nota: se adjunta Informe del Gabinete Jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO.
