El diputado del PP de Jaén en el Parlamento de Andalucía, Miguel Contreras, afirma que “con el cierre de varias unidades de Andalucía Orienta se evidencia la nula apuesta de la Junta de Andalucía por la creación de empleo. Primero se paralizó el trabajo en estas unidades y se nos dijo que se pondría en marcha en breve y ahora nos encontramos con que han despedido a varios trabajadores y se han cerrado varias oficinas en toda Andalucía”.

“En el caso de Jaén –afirma Miguel Contreras- se han cerrado las unidades de la Sierra de Segura y El Condado, lo que significa que han despedido a 10 personas de las 41 que han echado en toda Andalucía, es decir, más del 24%”.

Contreras asegura “no entender cuál es el criterio de la Junta para cerrar estas unidades, pues estamos hablando de dos comarcas especialmente castigadas por el paro, con una tasa que supera el 50%”. Y añade que “cerrar estas oficinas supone, además de despedir a estos 10 técnicos, dejar sin asesoramiento a los desempleados de la zona y dejar procesos de orientación sin terminar. Esto es un auténtico despropósito”.

El parlamentario jiennense señala que “Griñán suma a su hoja de servicios el dudoso honor de ser el enterrador de las políticas activas de empleo con el plan de despidos promovido por su gobierno para el colectivo de trabajadores encargados de desarrollarlas”. Y añade: “Los socios del bipartito recortan en políticas tan importantes como las de empleo, en lugar de aplicar la tijera a la administración paralela y a su régimen de privilegios y prebendas”.

Y es que Miguel Contreras denuncia también los despidos de 75 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) en la provincia de Jaén por parte de la Junta, “un cuerpo de técnicos que son de mucha utilidad para los ayuntamientos y que han pasado un proceso de selección conforme a la ley para acceder a sus puestos de trabajo”.
Según el dirigente Popular, “los ayuntamientos pequeños se ven perjudicados por estos despidos, ya que estos técnicos han ayudado a la tramitación de expedientes de subvenciones y los consistorios no quieren prescindir de ellos. Además, puesto que sus contratos están cofinanciados entre la Junta y los ayuntamientos, a la hora de pagar las indemnizaciones de los despidos se les pide a los consistorios que asuman ese gasto, algo inasumible para las administraciones locales”.
Contreras critica “la nefasta gestión llevada a cabo por la delegada de Empleo en esta materia” y resalta que “esta decisión corresponde de forma exclusiva a la Junta de Andalucía, aunque pretendan echar la culpa al Gobierno central”.