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El camino equivocado de la lucha contra el déficit en la comunidad autónoma de Andalucía.

Para el Partido Regionalista por Andalucía Oriental, los recortes del Gobiernos andaluz han puesto de manifiesto que esa “otra forma de gobernar” duró lo que dura una campaña electoral: se han materializado los acuerdos del bipartito atajando la reducción del déficit exclusivamente con bajada de salarios y más impuestos, brillando por su ausencia las políticas de estímulo económico (piedra angular de su campaña electoral) en esta modificación de presupuestos que hoy nos dan a conocer. Por mucho que se arrepienta públicamente el señor Valderas ante los ciudadanos (y en especial ante sus propios votantes), o la callada del señor Griñán, todos sabemos que la protección de la sanidad y la educación ha sido gravemente dañada con la brutal bajada del sueldo de los profesionales de las mismas.

El PRAO analiza este tipo de políticas como suicidas, por no corregir los errores de base que nos han llevado a la situación actual. Queremos volver a poner sobre la mesa del debate público que si una administración, como la andaluza acaba de demostrar, no corrige las políticas para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos en sanidad y educación, estas competencias deben ser devueltas al Estado, y que en esa devolución no existe intrínsecamente ideología alguna, sino la garantía de un funcionamiento eficiente e igualitario para todos los ciudadanos de este país.

Queremos también transmitir a la población que esa solución propuesta al déficit no es única, ni es el callejón sin salida impuesto desde Madrid, como nos han contado desde Sevilla. Para el PRAO, el mencionado debate sobre el ahorro del gasto también debe abrirse a la necesidad de eliminar las delegaciones provinciales de las diferentes Consejerías (¡no solo reducirlas a la increíble cifra de 48!), agrupando todas las funciones y competencias de la administración periférica en las Diputaciones. Si la crisis sirve para devolver el protagonismo a unas instituciones que constitucionalmente esa es su función, racionalizando la dirección de las decisiones (desde los territorios provinciales hacia el Gobierno autonómico, sin padecer el actual centralismo atroz) daremos un paso hacia adelante en democracia participativa. Pero por si acaso se necesitan más propuestas de donde recortar, recordamos al Partido Socialista y a Izquierda Unida que, mejor sitio que los salarios de los trabajadores es cerrar el agujero sin fondo de la RTVA; la supresión de todos los cargos políticos por debajo de las Direcciones Generales; la reunificación de buena parte de los varios cientos de entes, patronatos y empresas públicas, etc… (o en su caso, como con el Patronato de la Alhambra o la Empresa Pública Cetursa Sierra Nevada, pasando sus competencias a las administraciones locales y a la Diputación); cerrando todas las oficinas de EXTENDA en el extranjero, para que sus funciones sean realizadas por el Gobierno de España; la supresión de la “policía autonómica” para que la Policía Nacional o la Guardia Civil se encarguen de sus funciones; la eliminación de toda o casi toda la propaganda institucional… Los bolsillos de los funcionarios y demás contribuyentes podrían perder menos con estas medidas, y se podría continuar con las necesarias obras de infraestructuras, cuya paralización afecta fundamentalmente a nuestras provincias, las más atrasadas.

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