En nuestra vida, a la hora de tomar decisiones, todos nos guiamos por aquello que consideramos más importante. De hecho el fijar nuestras prioridades, el ir al bingo todos los viernes o poner a estudiar inglés a nuestros hijos, determina, en gran medida, la opinión que los demás tengan de nosotros.
En política la situación es diferente. Aquí cabe distinguir entre prioridades políticas y prioridades presupuestarias.
Las primeras son aquellas de las que todo el mundo, sin distinción de ideología, habla como fundamento y sostén de la Sociedad. Son intocables y están siempre fuera de cualquier recorte. Son alabadas por todos, desde la Corona, que reconoce su “abnegada labor” y no pierde ocasión para mostrar su “más profundo compromiso”, hasta el último alcalde del último pueblo de España. Cualquier político que se precie reconoce que son el “motor fundamental del siglo XXI, porque sin ella no hay democracia ni desarrollo y son la única oportunidad de generar un cambio real y serio en el motor de desarrollo” o que invertir en ellas es “invertir en el PIB del futuro”. Estoy hablando, por si alguien no lo ha adivinado ya, de la Educación y de la Sanidad. Naturalmente, y para compensar nunca hay un duro para ellas y a nadie le tiembla la mano a la hora de meter la tijera en época de vacas flacas.
Luego están las prioridades presupuestarias. Curiosamente éstas nunca salen en los titulares, apenas nadie habla de ellas y, desde luego, no se hacen declaraciones grandilocuentes sobre su necesidad. Me estoy refiriendo a televisiones públicas, coches oficiales, asesores varios, oscuras empresas de consultoría ligados a determinados partidos o personajes públicos, personal de libre designacion o fundaciones y ONGs que nadie sabe a que se dedican. La lista es interminable y seguro que cualquiera de Uds. puede añadir algún ejemplo. Para compensar este silencio administrativo, son estas prioridades las que frecuentemente se llevan la mayor tajada a la hora de “repartir el bacalao” y tienen la extraña propiedad de estar a salvo de cualquier recorte.
Hoy queremos hablarles del Campus Universitario Científico Tecnológico de Linares. Cuando el Parlamento Andaluz aprobó su creación en noviembre de 2002, lo consideró como “una obra estratégica y urgente” y se reclamó una colaboración “total entre las administraciones”. Teniendo en cuenta que aún no se han ejecutado ni la mitad de las actuaciones programadas, y que como muy pronto su finalización está prevista para el 2014, cabría preguntarse si alguno de los parlamentarios conoce el significado de la palabra urgente.
Pero no podemos quejarnos, la consejera de la Presidencia, María del Mar Moreno, ya dijo este pasado mes de marzo que el Campus “entronca la Universidad con la empresa, con la industria, con la innovación y con el futuro”. Además lo definió como ”una apuesta prioritaria para el Ayuntamiento de Linares, la Universidad de Jaén y la Junta de Andalucía” y que lo llevaría “a la vanguardia a la institución universitaria, a la provincia jiennense y a Linares”.
Entonces, ¿para qué queremos más? Solo queremos una cosa: que cuanto antes, el Campus deje de ser una prioridad política y se convierta en una prioridad presupuestaria.

La Asamblea de la EPS de Linares

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