Tal como hizo la semana pasada Izquierda Unida, desde UPyD Linares nos han remitido para su publicación su “Programa Electoral Municipal”. Dentro de la pluralidad e independencia que caracteriza a Linares28.es, animamos públicamente desde esta redacción al TODOS los partidos políticos para que nos remitan su “programa electoral” con el fin de que sea divulgado en este medio.

Redacción

 

1. INTRODUCCIÓN

(1) Las próximas elecciones municipales de Mayo de 2011 significan para Linares, para Andalucía y para toda España algo más que designar un determinado Alcalde al frente del Ayuntamiento. La actual crisis del sistema político español, nos exige concurrir a las urnas con una visión nacional y de conjunto, que contemple un cambio real en el desarrollo de la Constitución de 1978.
(2) El entramado institucional tejido en los últimos años ha generado una estructura político administrativa ineficaz, insolidaria, inviable y asimétrica, que nos coloca en muy mala posición de cara al futuro.
(3) Cada municipio de Andalucía tiene sus problemas, sus necesidades, y de eso queremos ocuparnos en UPyD, como no podía ser de otra forma. Pero el ciudadano debe saber que toda política doméstica está condicionada por la crisis del sistema político en su conjunto y que nuestro objetivo prioritario es la regeneración de dicho sistema de forma urgente, transparente y eficaz, para poder abordar los problemas cotidianos de los españoles.
(4) Desde el pacto constitucional del 78 (que en la práctica se encuentra roto), los dos grandes partidos se dedican a debilitar y desestabilizar al contrario en un quítate tú para ponerme yo, en lugar de desarrollar las estructuras necesarias para obtener unas mejores condiciones de vida y libertades de la población.
(5) Es obvio que necesitamos un nuevo modelo territorial que evite las duplicidades en la gestión de lo público que, respetando todos los valores que nos aportó la transición, coloquen nuestra administración pública a la altura del ya avanzado siglo XXI. Especial para UPyD resulta la reforma de las instituciones públicas reordenando sus competencias, organización y financiación, así como terminar con la demagogia y el desgobierno que han fomentado el partidismo, la corrupción y la manipulación de lo que deberían ser instituciones al servicio de los ciudadanos.
(6) Por eso, los representantes municipales elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen a llevar a los ayuntamientos andaluces el Código de Buenas Prácticas Públicas, ejerciendo los cargos con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos. Trabajamos para devolver a la ciudadanía el poder real sobre las instituciones, recuperando el poder sobre la política para liberarnos del control que sobre ella ejercen los partidos políticos.
Para que la ciudadanía recupere ese poder es básica la reforma de las leyes electorales que garanticen el valor de la igualdad de voto de cada persona a costa del poder de los aparatos de los partidos.
(7) Hay que convertir el trabajo político en una herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos y no de los partidos, y eso es algo que sólo puede hacer un partido libre, sin el lastre de redes clientelares, compromisos y dependencias, eso es algo que sólo puede hacer UPyD. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a las instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de los fondos públicos y comprometidos con el impulso ético de la vida pública. Y por eso los representantes públicos elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen, desde esta primera hora, a trasladar a todas las instituciones en que participen el Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro I Congreso y que forma parte no sólo de nuestro Estatutos, sino que aspira a ser el código genético de este partido.
(8) Por todo ello, en estas elecciones municipales en Andalucía, vamos a plantear una política rigurosa, abierta y transparente, con acceso a la información pública de todos los ayuntamientos. No se trata sólo de cambiar a las personas o a los partidos, sino fundamentalmente de cambiar las políticas que repercuten en los ciudadanos. UPyD asumirá esta tarea en todos los ámbitos territoriales por igual, con un mismo discurso nacional y ofreciendo al ciudadano la posibilidad de elegirnos con un compromiso de seriedad y regeneración democrática que tanto le hace falta a este país.

2. DIAGNÓSTICO

2.1. La situación general

(9) El problema más determinante entre los que acucian a nuestros Ayuntamientos es, sin duda, la precariedad financiera que amenaza con quebrar el sistema. Los ayuntamientos, puerta de entrada al sistema de prestación de servicios públicos, han acabado asumiendo multitud de competencias impropias, en unos casos por la presión social resultante de constituir el escalón administrativo más accesible, y en otros por falta de previsión y derroche en la generación de infraestructuras.
(10) La nueva Ley de Haciendas Locales, reiteradamente prometida, ha vuelto a ser retrasada. En el actual contexto económico parece que el Gobierno no tiene mucho interés en acometer esta imprescindible reforma financiera. Entre otras cosas porque la descentralización del gasto público no ha beneficiado a los municipios en proporción a las demandas de que son objeto.
(11) El tamaño de nuestras administraciones locales es el segundo problema principal. España tiene las administraciones locales más pequeñas de la OCDE, atomización que impide prestar servicios a una escala adecuada, genera desigualdades entre los ciudadanos y es fuente de corrupción.
(12) Durante la segunda mitad del siglo XX todos los países europeos, empezando por los nórdicos, agruparon sus municipios para ofrecer mejores servicios y con una gestión más transparente. Así, Alemania pasó de 25.000 a 8.400 municipios en diez años, Suecia de 2.500 a 278, y el reino Unido de 1.520 a 522 en sólo dos años. Mientras, España creaba nuevos micromunicipios, de 1.000 habitantes en Navarra o las dos Castillas, e incluso de 500 en La Rioja. La creación de entes supramunicipales como mancomunidades o consorcios ha fracasado porque significan la adición de un nuevo nivel administrativo manteniendo los ya existentes.
(13) El sistema de competencias de la Ley de Bases de Régimen Local no consigue dotar a los gobiernos locales de un núcleo competencial propio acorde con su autonomía. Muchas leyes sectoriales incrementan las obligaciones, responsabilidades o cargas municipales, lesionando la autonomía local al no poner a disposición de los ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirlas. Por tanto, clarificar el mapa de competencias municipales es el primer paso para solucionar sus problemas de gestión.
(14) La política municipal española se basa en la preponderancia de la figura del alcalde, de atribuciones amplísimas, tanto en materia de gestión económica como de gestión y jefatura de personal, contrataciones y concesiones o gestión urbanística. En característica disfunción general de la política española, se ha instaurado el hábito de nombrar discrecionalmente a personas de confianza para cargos administrativos que ejercen la gestión de manera poco profesional y nada autónoma, condicionados por la libre designación del político de turno.
(15) La política municipal debe evolucionar desde su estructura actual, basada en un hombre fuerte, hacia la articulación en torno a una administración fuerte, con políticas transparentes, eficientes y eficaces. Se precisa restablecer una efectiva y verdadera separación de poderes donde el papel de los Funcionarios de Habilitación Estatal (antes nacional), actualmente preteridos en sus funciones, juegue un papel principal.

2.2. La situación en Linares

(16) Linares, es una ciudad tradicionalmente industrial, que se enfrenta a un profundo cambio en su estructura económica, que supone tras la desaparición de la actividad minera, la desaparición de la actividad industrial centrada en la automoción.
(17) La actividad industrial se ha venido centrando en los últimos 40 años alrededor de la empresa SANTANA MOTOR S.A. y la fabricación de vehículos, verdadero corazón industrial de nuestra ciudad, que por la incompetencia de los actuales propietarios, la Junta de Andalucía, sufre una lenta pero inexorable agonía, que ha supuesto que el desempleo en Linares sea superior al 29% de la población activa, uno de los más altos de Andalucía, con el continuo cierre de empresas y la nula aparición de nuevas. La situación sobrevenida, con el fin de la fabricación de vehículos, y las prejubilaciones de los trabajadores de la empresa matriz y del Parque de Auxiliares, condena a Linares a ser una ciudad expuesta a una pérdida significativa de su población activa, y la desaparición por inanición de las empresas auxiliares, condenando a los jóvenes a un futuro centrado en una ciudad de servicios, o a irse de nuestra ciudad para buscar empleo, ya que la promesa de un plan industrial para Linares, es preocupantemente similar al plan que la Junta puso en marcha con el cierre de DELPHI en Puerto Real, que ha supuesto un absoluto fracaso.
(18) Es por ello que consideramos, que es éste, la falta de empleo, junto a la mejora de las cuentas municipales y de la calidad de los servicios municipales, los principales puntos de preocupación de los ciudadanos de Linares, y, por tanto, en lo que centraremos nuestras propuestas, y nuestro trabajo en la Corporación Local, recuperando la ilusión de los ciudadanos.

3. REFORMA DEL SISTEMA MUNICIPAL

(19) La Carta Europea de Autonomía Local incorporó en el año 85, entre otros los principios de democracia, descentralización, proximidad y participación.
(20) La democracia actual se basa en la democracia local, derivada necesariamente de la participación real y efectiva de la ciudadanía, y esto nos lleva a ese concepto fundamental: democracia de calidad. En cualquier país avanzado, hoy en día existen gobiernos locales fuertes.
(21) Ya el art. 4.3 de la CEAL establece que: “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”.
(22) Es por ello, que desde UPyD, abogamos por una reforma de la Ley del Régimen Local que proporcione un ámbito participativo de la sociedad en la toma de decisiones en su ámbito más próximo: el Municipio.

3.1. Propuestas generales

P. 1 Aplicación exhaustiva de la Ley 5/10 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y de su catálogo de competencias y materias de interés local.
El Municipio ha de tener competencia en todas las materias de interés local y que no lo sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, principio recogido en la Carta Europea de Autonomía Local, según la cual “corresponde a estas entidades locales la ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos.”
Esta asunción de competencias ha de ir acompañada siempre de un incremento de los recursos para que se dé cumplimiento al art. 142 de la C.E.
P. 2 Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, potenciando el valor de sus informes.
Las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, serán:
o Las de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
o El control y la fiscalización interna de la gestión económico financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Las reglas fundamentales para su selección y nombramiento, corresponderán al Ministerio de Administraciones Públicas, mediante los procedimientos de concurso ordinario y unitario, evitando la libre designación ni siquiera en los Municipios de Gran Población.
P. 3 Desarrollar un protocolo municipal que restrinja los supuestos en que será posible recurrir a nombramientos por libre designación para cubrir los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
P. 4 Desarrollar un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional similar al de los Interventores de la Administración del Estado, para que puedan controlar con plena autonomía al órgano o entidad objeto de control.
P. 5 Regular las causas de cese en la concurrencia de criterios objetivos excluyendo el carácter discrecional apreciado por el mismo órgano que lo nombró.

3.2. Propuestas específicas en Linares

(23) Los ciudadanos de Linares necesitan volver a confiar en las instituciones públicas (Ayuntamiento), así como en los encargados de administrar y gestionar el patrimonio de Linares y sus habitantes dentro de estas instituciones (clase política).
(24) Nuestras propuestas van encaminadas a dotar al gobierno municipal de una estructura de trabajo más transparente en sus gestiones, y sobre todo eficaz y eficiente con las necesidades de los ciudadanos, pasando por:
P. 6 Revisión de las Concejalías en base a las necesidades actuales y prioritarias de los ciudadanos, acometiendo su reducción para ahorrar.
P. 7 Revisión de los actuales reglamentos de ordenanzas Municipal y fiscal, y adaptarlos éstos en favor de una mayor transparencia, eficacia y eficiencia de cara al ciudadano.
P. 8 Implantación de un Sistema de Calidad en la gestión administrativa del Ayuntamiento, basado en la transparencia y eficacia.

4. REFORMA URGENTE DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

(25) Es urgente abordar la reforma del sistema de financiación local, postergada de forma reiterada. Contrasta el abandono de las haciendas locales con la primacía otorgada a las administraciones autonómicas, el tercer escalón afectado en la indispensable reforma de las administraciones. Por tanto, el reparto de los recursos y cargas del conjunto de las administraciones debe hacerse con una visión global que incluya a los municipios.
(26) La reforma de la financiación local ayudará a combatir la morosidad municipal, que ha provocado la ruina de numerosas empresas; hará a los municipios menos dependientes de las recalificaciones urbanísticas típicas de los años de la burbuja inmobiliaria, que nunca debió ser una fuente ordinaria de financiación. Para fijar el nivel de ingresos hay que definir previamente, con claridad, las competencias a financiar.
(27) Es urgente dotar de mayores recursos financieros a los ayuntamientos y éstos deben proceder no sólo de la administración central o de incrementar los sacrificios de los ciudadanos, sino también de los que actualmente tiene la Junta de Andalucía.
(28) Consideramos urgente abordar la reforma de la financiación local con el fin de dotar a las entidades locales de los recursos necesarios para el desarrollo de sus competencias. La financiación de los entes locales sigue siendo la gran olvidada, porque no se han desarrollado los instrumentos que pudieran garantizar su suficiencia e independencia financiera. La prioridad se ha dado a las Comunidades Autónomas, y las relaciones financieras de éstas con las Entidades Locales han solido consistir en la “cultura de la subvención condicional“, que lastra la autonomía local y resulta notoriamente ineficiente al incentivar muy a menudo comportamientos espurios de aquellos gobiernos locales más vinculados a intereses electorales, en vez de responder a necesidades prioritarias y reales de los vecinos. Además, la cuestionable gestión de las Corporaciones ha llevado a muchos ayuntamientos a situaciones límite en el pago de nóminas, seguros sociales o proveedores, a la práctica de utilizar como principal fuente de financiación la derivada de las actividades urbanísticas, o a realizar enajenaciones patrimoniales para cubrir gasto corriente.
(29) Para fijar el nivel de ingresos necesario resulta ineludible definir con claridad las competencias a financiar mediante el desarrollo adecuado de la Ley 5/10 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.
(30) En el caso del Ayuntamiento de Linares, la revisión de la relación competencias–financiación es urgente debido a la asunción de facto de numerosas competencias durante los últimos años, escasa o nulamente financiadas. Es necesario definir cuáles han de mantenerse y cuáles son prescindibles, así como una lista de servicios de acceso universal a cargo de la administración local.
(31) Las propuestas que hace UPyD son:
P. 9 UPyD impulsará en todo el Estado desde el Congreso de la Nación y los
parlamentos autonómicos, las siguientes medidas:
– El sistema de financiación local debe formar parte de un modelo coherente de financiación del conjunto del Sector Público que distribuya adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con la tipología de sus competencias y en base a los principios de suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
– Se deberá adoptar un sistema dual de financiación local en función de la demografía de los municipios.
– Los municipios que no superen un determinado umbral mínimo de población, cuyas competencias se restrinjan a la prestación de servicios básicos, tendrán un sistema de financiación simple, compuesto por:
a) los tributos obligatorios actualmente vigentes.
b) las tasas y demás cargas sobre usuarios de servicios.
c) una transferencia incondicional en base a la población, suficiente para cubrir la ejecución de las competencias mínimas fijadas por ley.
– Los municipios de mayor dimensión, responsables de la prestación de un mayor número de servicios, como los vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia, reforzarán su cuota de participación en los impuestos estatales, a costa de los recursos ahora captados por las Comunidades Autónomas. Las transferencias incondicionales a recibir por estas localidades deberían jugar un papel esencialmente nivelador y de solidaridad, de tal modo que estuvieran más vinculadas a las necesidades de gasto que a la capacidad fiscal propia, y ser revisadas cada cierto tiempo.
– Ampliar la aplicación de cargas sobre el usuario tales como tasas, precios públicos y contribuciones especiales para trasladar al usuario, en la medida de lo posible, la mayor parte del coste de aquellos servicios considerados divisibles y con usuarios identificables, sin componentes redistributivos relevantes y que no generan efectos externos de importancia.
– Descenso del endeudamiento municipal: es necesario que los ayuntamientos y sus entes vinculados contribuyan a la necesaria reducción del déficit público limitando su recurso al endeudamiento, que en todo caso será exclusivamente para financiar inversiones. Solo estableciendo criterios cuantitativos rigurosos para la apelación al crédito -como tener en cuenta el ahorro no financiero generado por la entidad local, así como su volumen de deuda viva existente-, y el estricto cumplimiento de principios de austeridad, nos permitirán cumplir con los criterios fijados por la UE.

5. SIMPLIFICACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS: DIPUTACIONES PROVINCIALES

(32) Salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, donde las Diputaciones ya han desaparecido, los españoles soportan a día de hoy a cinco niveles territoriales de gobierno: Unión Europea – Administración central del Estado – Comunidad Autónoma – Diputación – Municipio… a los que hay que añadir entes especiales intermedios como las Mancomunidades, las Áreas Metropolitanas, los Distritos, etc.
(33) Es necesario racionalizar el mapa administrativo, eliminando entes superfluos. La instauración constitucional de la Provincia crea un ente intermedio con el municipio en todas las CC.AA. pluriprovinciales. Sin embargo, las Diputaciones ejercen competencias solapadas, o similares, en el mismo espacio de los Servicios Territoriales o Provinciales de las Comunidades Autónomas.
(34) Quizá hubiese sido deseable que las Diputaciones se hubiesen convertido en las administraciones periféricas de las CC.AA. pero, con la excepción vasca, éstas entraron en un proceso de competencia con aquéllas que ha generado su declive. Las 37 Diputaciones de régimen común han perdido el grueso de sus competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política. No tienen funciones propias que no se solapen con las autonómicas, así que su actividad es redundante. Tienen menos competencias, pero, paradójicamente, más funcionarios, más gastos y más personal de libre designación, habiéndose convertido en refugio de los liberados de los partidos políticos. Por tanto, UPyD apuesta por que las CC.AA. integren a las Diputaciones trasladando su estatuto jurídico al marco legislativo autonómico, aunque esto exigirá una reforma constitucional.
(35) Hasta que se produzca la integración de las Diputaciones en las CC.AA., deben convertirse en instrumentos auxiliares de los municipios sin capacidad suficiente para prestar servicios o mejorar la calidad de los que prestan. Si los municipios consideran que esa es la mejor opción, las Diputaciones deberían ser instrumentos de gestión común de servicios locales. En resumen, la Diputación debe ser una institución técnica, especializada en la cooperación con los municipios en las siguientes tareas:
– Creación y mantenimiento de redes de servicios municipales.
– Formación de los electos y empleados municipales.
– Asesoramiento jurídico, económico, técnico, administrativo y de gestión.
– Ejecución de obras o prestación de servicios.
– Tramitación de expedientes administrativos por delegación de los Ayuntamientos.
– Desempeño de funciones técnicas.
– Asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios con habilitación nacional.
– Asistencia a las mancomunidades, consorcios u otras formas asociativas legalmente previstas.
(36) Estas tareas no requieren el entramado de 38 parlamentos, con 1031 diputados con sus correspondientes cargos y asesores. Por ello UPyD plantea las siguientes propuestas
P. 10 En el marco de la reforma constitucional, UPyD propone suprimir las Diputaciones y que las Comunidades Autónomas asuman sus funciones.
P. 11 Antes de la reforma constitucional, persigue la racionalización de los distintos escalones de la Administración Pública, evitando solapamientos de municipios y provincias con los entes que puedan crear las CC.AA. (comarcas y áreas metropolitanas) y las asociaciones de municipios (consorcios, mancomunidades, etc.).
P. 12 Modificar la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para convertir las Diputaciones en órganos eminentemente técnicos de asesoramiento y cooperación con los municipios, a los que pueden proveer de servicios de calidad, disminuyendo significativamente su estructura política y representativa, y modificando el modo de elección.

6. MEDIDAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA

(37) Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar severamente la voluntad popular.
(38) El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de países autoritarios que de las democracias avanzadas. La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales. A finales del año 2009 había imputados más de 800 cargos públicos de todos los colores políticos. Esa cifra continúa en aumento. La percepción del aumento de la corrupción compromete el prestigio internacional de España y la credibilidad de nuestro sistema político, como lo revela que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres sitúe el descrédito de los partidos políticos como el tercer problema principal, sólo aventajado por el paro y la situación económica.
(39) Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles:
1.- Clientelismo: las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. El contraste con los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo, porque en España el partido que controla un gobierno local, autonómico o central puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red de Agencias y Fundaciones con plena discrecionalidad en cuestiones de personal.
2.- Deficiencias de la transparencia en la gestión pública.
3.- Proliferación de normas y burocracia, innecesarias y superfluas.
4.-Administración de justicia lenta y politizada, colonizada por los partidos tradicionales

6.1. Propuestas de reforma de las leyes electorales
(40) UPyD ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que propone una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) compatible con la Constitución en su estado actual. En resumen, propone las siguientes modificaciones:
1.- Aumento del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada circunscripción (provincia) a 1.
2.- Distrito único de ámbito nacional para la elección de parte de los 400 diputados.
3.- Cambio de la fórmula electoral proporcional, sustituyendo la fórmula d´Hondt por otra fórmula más proporcional como la “cuota Hare”.
(41) Otras medidas relacionadas con los ámbitos autonómico y local son la reforma de la LOREG para limitar el ejercicio del sufragio en las elecciones locales y autonómicas de los residentes en el extranjero a los que dejaron de residir en España hace un determinado número de años, o la exigencia de residir un número determinado mínimo de años en una localidad para poder participar en las elecciones locales residiendo fuera de España.
(42) UPyD impulsará en todo el Estado desde el Congreso de la Nación y los
parlamentos autonómicos, los siguientes cambios legislativos:
P. 13 Limitación del sufragio autonómico y local para residentes habituales en el extranjero. Los residentes habituales en el extranjero pueden votar sin requisitos previos en las elecciones al Parlamento Nacional, pero no es razonable que su voto pueda decidir elecciones como las municipales y autonómicas. La democracia demanda que participen en la toma de las decisiones los destinatarios de las mismas, y no se puede considerar destinatario a una persona que, si bien conserva el, vínculo de la nacionalidad, nunca haya sido residente en el ámbito geográfico de aplicación de sus derechos, o haya dejado de serlo muchos años atrás, caso de aquellos nacionales nacidos en el país al que emigraron sus progenitores, o cuando se trata de nacidos en el país pero llevan muchos años residiendo en otro.
P. 14 Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente, con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro país, puedan participar como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales. Es la consecuencia del principio que vincula la ciudadanía política no a la nacionalidad sino a la condición de residente permanente en un territorio y, por tanto, sujeto a las normas de un ordenamiento constitucional y al conjunto de derechos y obligaciones derivados. La lógica democrática exige que esa persona pueda participar, de modo directo o a través de representantes, en la aprobación y modificación los derechos y obligaciones que le conciernen.

6.2. Reforma del sistema electoral municipal
(43) El sistema electoral municipal vigente hace relativamente difícil formar mayorías absolutas, especialmente en los municipios más importantes, pues éstas requieren un porcentaje de votos muy próximo a la mitad de los sufragios. En cambio, este factor ha facilitado con relativa frecuencia que se desvirtúe la voluntad ciudadana mediante pactos poco transparentes, con la consiguiente inestabilidad institucional. Y también dificulta que las elecciones cumplan una de sus funciones más importantes: legitimar a los titulares del poder político.
(44) Por otra parte, en el ámbito local los vecinos suelen conocer mejor a los candidatos, de modo que a la hora de votar importan más las simpatías personales que las afinidades partidistas. Sin embargo, con nuestro actual sistema de elección el Alcalde mantiene una relación de confianza con el Pleno de la Corporación, que actúa como si de un Parlamento se tratase, y no con sus convecinos.
(45) El actual sistema de elección indirecta no es el más adecuado para vincular a los ciudadanos con la política, y además puede generar situaciones de inestabilidad institucional. Por eso existen buenas razones para que el Alcalde deba contar con la confianza no del Pleno municipal, sino del cuerpo electoral mediante su elección directa. La elección directa de los Alcaldes está contemplada en el art. 140 CE, por lo que esta reforma no requiere de modificación constitucional.
(46) UPyD impulsará en todo el Estado desde el Congreso de la Nación y los
parlamentos autonómicos, los siguientes cambios legislativos:
P. 15 Elección directa del Alcalde para propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en los asuntos públicos mediante su vinculación a la política. La elección directa:
a) reforzará la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la voluntad mayoritaria de los electores.
b) obligará a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su elección sean explícitos y transparentes.
El sistema que mejor garantiza la consecución de estos objetivos es el de elección a doble vuelta: si ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda vuelta los candidatos que hayan logrado determinado porcentaje de votos. En todo caso, pueden considerarse otros sistemas de entre los comunes en la Unión Europea. Por su parte, el sistema para la asignación de concejales debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y fomento de la pluralidad.
P. 16 Supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un sistema de elección directa del Alcalde. Quedará prevista la remoción del Alcalde por causas graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada.
P. 17 Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales.
P. 18 Limitación del mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas.
P. 19 Redistribución de competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación, para evitar la inestabilidad y parálisis institucional cuando no coincidan ambos órganos municipales. La función ejecutiva corresponderá al Alcalde, y las funciones normativas, presupuestarias y de control al Pleno municipal.

6.3. Propuestas de transparencia y acceso a la información pública
(47) España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a la información pública. 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho de cualquier ciudadano a conocer, con la correlativa obligación de informar de las administraciones, instituciones, organismos, empresas, asociaciones, fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible a los ciudadanos de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas.
(48) Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones.
(49) UPyD impulsará en todo el Estado desde el Congreso de la Nación y los
parlamentos autonómicos, los siguientes cambios legislativos:
P. 20 Desarrollar una Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su desarrollo legislativo correspondiente en las distintas Comunidades Autónomas, que comprenda en su ámbito de aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos, de tal forma que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras. La Ley establecerá una batería de sanciones disuasorias proporcionada y fácilmente aplicables, sin más excepciones que las previstas en la Constitución.
P. 21 Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal.
P. 22 Habilitación de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal ético de las administraciones locales.
(50) Otras medidas que UPyD acometerá directamente en el Ayuntamiento de Linares son:
P. 23 Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los miembros del Gobierno Municipal y las empresas públicas municipales, detallando identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban por cualquier concepto, jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación.
P. 24 Creación de bases de datos de acceso público (en la web municipal) donde puedan consultarse todas las subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares, así como las contrataciones del ayuntamiento, permitiendo la búsqueda tanto por emisores como por perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente tanto el fin de la subvención como los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcto uso.
P. 25 Creación de un Registro de estudios financiados con fondos municipales, encargados a terceros externos a la administración local y de acceso público, con los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.
P. 26 Publicación de todos los convenios del Ayuntamiento de Linares con empresas privadas.

6.4. Organismos públicos. Incompatibilidades. Contratación. Cargos públicos
(51) En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas señaladas por el propio Tribunal de Cuentas: falta de agilidad y responsabilidad en los procedimientos contractuales debido a la confusa distribución de competencias; deficiencias en la confección de los proyectos de modo que durante la ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente llamadas modificaciones u obras complementarias; anomalías en la fijación de criterios de selección del concurso, olvidando que la discrecionalidad administrativa inherente al concurso debe estar fundamentada.
(52) Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines mediante la adjudicación de contratos y/o subvenciones. Estas empresas devuelven parte para financiar al partido, contratando simpatizantes, afiliados o familiares de la autoridad responsable. Se establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente va a manos del político, del político a las empresas, y de éstas una parte vuelve al político y afines.
(53) Es habitual que nuestras autoridades intenten eludir la regulación comunitaria, lo que ha originado varias denuncias ante la Comisión Europea y en algunos casos las consiguientes condenas del Tribunal de Luxemburgo por incumplir el derecho Comunitario.
(54) Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales:
1.- Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos.
2.- Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.
3.- Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control.
(55) Hay que evitar, al mismo tiempo, la parálisis de la Administración, pues un entramado burocrático excesivo perjudica la actividad pública y en muchos casos justifica la creación de empresas y consorcios sin control administrativo. La existencia de estos entes es tradicional, pero lo novedoso es su multiplicación desmedida en los tres niveles de la administración, sobre todo en la autonómica con el pretexto de conseguir mayor eficacia. Pero su verdadero objetivo ha sido y es sustraerse a la aplicación de las normas que regulan la actuación de las administraciones públicas para garantizar la objetividad, la imparcialidad, la eficacia y la seguridad jurídica. Proceso al que hay que poner coto no sólo por la defensa del interés público, sino por ser absolutamente prioritario para controlar el déficit público.

Organismos Públicos
P. 27 Se harán públicas las cuentas generales y liquidaciones de todos los entes vinculados al Ayuntamiento de Linares, así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año de ejercicio del presupuesto.
P. 28 Se garantizará la consulta accesible a cualquier ciudadano mediante, al menos, un enlace habilitado en la página web del Ayuntamiento.
P. 29 Se enviará a la Cámara de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas legales.
P. 30 La contratación del personal de estos organismos se realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos.
P. 31 El ejercicio del control del Ayuntamiento de Linares, sin posibilidad de externalizar auditorías y servicios similares.
P. 32 Se fortalecerá la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno.
P. 33 Se reforzará las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse.
Limitar los temas a tratar en las Comisiones Informativas, Comisión de Gobierno y Pleno a temas meramente municipales y locales, aumentando por tanto la eficiencia de dichos entes.

Régimen de Incompatibilidades
P. 34 Se creará un Registro de “actividades profesionales coincidentes”. Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en el ayuntamiento hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado.
P. 35 Se aplicará voluntariamente la normativa de incompatibilidades de altos cargos del Estado y de la Administración autonómica, a concejales y el alcalde.
P. 36 Se extenderá a Concejales y el Alcalde durante los dos años siguientes a su cese la prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local durante el periodo en que se desempeñó el cargo.

Contratación
P. 37 Se limitará la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba del Ayuntamiento y entes vinculados por contratos menores.
P. 38 Se extenderá de forma obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, el “Perfil del Contratante”, requisito ahora obligatorio para contratos de procedimiento negociado con publicidad y abiertos. El Perfil del Contratante consiste en un enlace a la página web de la entidad contratante donde constan todas las licitaciones en curso. Informar a las pequeñas y medianas empresas locales de la existencia de este Perfil del Contratante, y promocionarlo para incentivar la competencia y la transparencia de ofertas. Y en general, fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los licitadores como la administración local.
P. 39 Creación de una Central de Compras para compras generales, agrupando todas las necesidades de la corporación local y organismos dependientes, teniendo de esta forma mayor poder de compra, abaratando los costes de compra.
P. 40 Se adaptarán los pliegos de contratación del Ayuntamiento a los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público, velando por que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones contractuales. Se incluirá como miembro de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al Departamento correspondiente.
P. 41 Reducción del gasto corriente del Ayuntamiento mediante una mayor eficacia de los servicios públicos (móviles, locales, gasóleo…).

Cargos públicos
(56) UPyD impulsará en todo el Estado desde el Congreso de la Nación y los
parlamentos autonómicos, los siguientes cambios legislativos:
P. 42 Establecer límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales. Los sueldos se regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función del tamaño de la población y el presupuesto municipal.
(57) Por otra parte, directamente en el ayuntamiento de Linares, llevará a cabo las siguientes acciones de forma inmediata:
P. 43 Se obligará a la transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible.
P. 44 Se eliminará el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos.
P. 45 Se limitará drásticamente el nombramiento de asesores de forma que sólo será posible su contratación cuando se garantice su necesidad justificadamente.
P. 46 Las retribuciones de los altos cargos de libre designación se asimilarán al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes.
P. 47 Se eliminará la posibilidad de inversión privativa de los cargos públicos municipales en empresas con financiación pública.

6.5. Propuestas de reforma de la función pública
(58) Los valores de la gestión pública han de ser necesariamente compartidos por responsables políticos, servidores públicos y ciudadanos. Los códigos de buen gobierno y buena conducta administrativa, junto a la participación activa de la sociedad civil, han de contribuir a mejorar la calidad del sistema democrático.
(59) La reciente aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007, aprobado por las Cortes Generales en cumplimiento del mandato contenido en el artículos 103.3 de la Constitución, exige a las administraciones una labor de revisión de su normativa de función pública para adecuarla al nuevo marco de la legislación básica estatal. Esta revisión debe ir precedida de los estudios necesarios para adecuar el modelo de función pública tanto al objetivo de dotar a todas las administraciones de una Administración competente y profesionalizada, como al de establecer para la función pública un régimen jurídico que asegure los principios y valores constitucionales y estimule la buena conducta profesional y el cumplimiento de objetivos.
(60) La regulación de la función pública no puede observarse como una nueva oportunidad para revisar al alza el régimen retributivo de los empleados públicos, sino para reforzar precisamente su eficacia y profesionalidad en la defensa del interés general. En la actual crisis económica no debe diferirse dicha regulación por problemas de índole presupuestaria, previéndose la demora de aquellas previsiones de carrera que supongan incremento de gasto.
(61) Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una carrera profesional que permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora copados por cargos de libre designación, fomentando la independencia en el ejercicio de la responsabilidad.
(62) El concepto de autonomía no es sinónimo de falta de control o de límites cuando se trata de asegurar que los ciudadanos reciban servicios de calidad semejante en todo el territorio nacional, sin sufrir el pago de sobrecostes administrativos derivados del lugar de residencia, o importantes diferencias salariales entre empleados públicos de diferentes territorios y servicios que no están justificadas por razones objetivas. La ausencia de coordinación efectiva en esta materia hace que los sueldos estén en permanente espiral y al alza en muchas CC.AA., con el simple objetivo de estar “mejor que la media”, instituyendo la desigualdad y la injusticia a la vez que la emulación del derroche y la ineficacia.
P. 48 Adecuación del tamaño del Ayuntamiento de Linares a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales entre los funcionarios.
P. 49 Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos directivos de la Administración municipal.
P. 50 Aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y estableciendo mecanismos de coordinación entre los sistemas de acceso que posibiliten la movilidad en el empleo público.
P. 51 Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de confianza, asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el respectivo Boletín Oficial, con las exigencias y efectos que señala la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se asegurará que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las que ha sido designado, ajustándose su titulación y/o experiencia profesional al mismo, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos públicos a personas afines.
P. 52 Garantía de la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en las entidades que forman parte de la administración municipal. Deben establecerse las cautelas y garantías necesarias para que se preserven los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negociadora, publicidad y transparencia.
P. 53 Fortalecimiento de los órganos de control interno de la Administración Local: de la Inspección de Servicios, destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento de la normativa administrativa, y de la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del gasto público. Se establecerán canales de relación institucional para que determinada información emanada de los órganos de control sea de conocimiento público y sea trasladada a los órganos de control externo como el Tribunal de Cuentas de Andalucía.
P. 54 Implantación de un Código de Buenas Prácticas en las Administraciones Local de Linares. Se adoptará una estrategia clara de prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un papel activo en dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para garantizar la integridad del servicio público.
P. 55 Desarrollo e impulso de la Administración electrónica y adaptación a la misma de los procedimientos y criterios de gestión.
P. 56 Implicación plena de todos los servidores públicos en la racionalización de procedimientos administrativos. El modo de tramitación de los procedimientos administrativos y su simplificación, la agilidad de los procedimientos, la claridad en la distribución de competencias, la accesibilidad al estado de tramitación por parte de los interesados y la coordinación entre las diferentes unidades administrativas que intervienen en un mismo procedimiento, han de ser una preocupación constante de los órganos responsables de organización administrativa, al igual que la racionalización de procedimientos y la calidad de los servicios. De ahí que elaboraremos de manuales de procedimiento y la aprobación de cartas de servicios con los compromisos de calidad a que hayan de ajustarse los diferentes servicios públicos prestados a los ciudadanos.

7. CIUDAD Y CIUDADANÍA

7.1. Urbanismo, vivienda y movilidad
(63) En UPyD consideramos fundamental en la concepción del urbanismo el garantizar la Seguridad Jurídica para evitar discrecionalidad fomentando la elaboración de planes generales y de planes supramunicipales.
(64) Es necesario reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística que recae casi de forma exclusiva en CC.AA. y ayuntamientos, fomentando la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa. El Estado dispone de competencias mínimas. Entre las reformas constitucionales que consideramos ineludibles está la devolución al Estado de la gestión del territorio. La Ley del Suelo nacional debe abarcar mayor número de materias y garantizar una estructura de la gestión y un mercado del suelo mínimamente homogéneos. Por otra parte, no se puede obviar el papel fundamental que juegan en la ordenación del territorio CC.AA. y ayuntamientos, pues no es posible lo que algunos han denominado “urbanismo de mando a distancia”, ajeno a las circunstancias del territorio.
(65) Es imprescindible cambiar el actual paradigma urbanístico, difícilmente viable, de baja densidad edificatoria con máximo consumo de recursos, emisiones contaminantes y alta movilidad.
(66) Es preciso abordar importantes cambios en el ámbito del planeamiento, los sistemas de gestión y de disciplina urbanística, incluyendo los de control y fiscalización de la actividad de las entidades locales, tanto desde el punto de vista interno de la organización administrativa como desde los ámbitos externos como el Poder Judicial, Ministerio Fiscal o la Cámara de Cuentas.
(67) Y finalmente, hay que abordar la modificación del sistema de financiación de las entidades locales para evitar que los Ayuntamientos utilicen el urbanismo como vía esencial de financiación. La situación vivida en los últimos años nos debe hacer ver que es necesario evitar la dependencia financiera de los Ayuntamientos y los ingresos procedentes del urbanismo desaforado.
(68) UPyD hace las siguientes propuestas:
P. 57 Exigir mediante avales la garantía en la financiación de las infraestructuras previamente a las construcciones para evitar que las urbanizaciones queden sin finalizar en detrimento de los ciudadanos.
P. 58 Igualmente en los polígonos industriales en los que la iniciativa sea pública exigiremos a la administración competente la realización de las infraestructuras previa a las construcciones.
P. 59 Adecuación de las infraestructuras al modelo de ciudad realizando un estudio previo de necesidades para el trasporte y servicios básicos
P. 60 Los terrenos municipales cedidos al Ayuntamiento en las promociones se destinarán a uso de servicios comunitarios (jardines, aparcamientos)…, y no se enajenarán, quedando por tanto dentro del patrimonio municipal y a disfrute de todos los ciudadanos.
P. 61 Bonificación en los impuestos municipales para la rehabilitación de viviendas en el Casco Antiguo.
P. 62 Desarrollo de red wifi municipal gratuita en las zonas de jardines (Jardines de Colón, Jardines de los Marqueses de Linares, Jardines Estación de Almería, Jardines de Fuente del Pisar, Recinto Ferial, Jardines de La Virgen y Paseo de Linarejos).

7.2. Fomento económico
(69) Se pretenden crear las condiciones óptimas que permitan la generación de actividad económica y la generación de empleo, mediante las siguientes propuestas:
P. 63 Infraestructuras, dotar al Parque Industrial Los Rubiales de gas natural, fibra óptica, señalizaciones en las entradas de los polígonos, estudio con empresa de transporte público de diseñar nuevas líneas, llegando a acuerdos con las empresas beneficiarias para abaratar coste del transporte público.
P. 64 Dedicar dentro del presupuesto local como mínimo la recaudación por el Impuesto de Actividades Económicas a tareas de apoyo al empresariado local, de tal forma que los impuestos repercutan directamente en servicios a las empresas.
P. 65 Impulso comercial: Recuperar antigua Oficina de Fomento para captación de empresas.
P. 66 Acuerdo con Cámara de Comercio para prestación de servicios de valor añadido a través del Centro Tecnológico en construcción, evitando duplicar servicios.
P. 67 Ordenanza municipal para fomentar la captación de empresas foráneas mediante ayudas municipales en función de la generación de empleo y bonificaciones en los impuestos municipales.
P. 68 Fomento de la creación de empresas locales mediante la cesión de oficinas y naves municipales, y apoyo al autoempleo mediante ayudas a los gastos corrientes para el sostenimiento durante 6 meses, en función del proyecto empresarial, primando los proyectos industriales sobre los de servicios.
P. 69 Apoyo al centro comercial abierto mediante la realización de actividades de promoción del Comercio Local a nivel Comarcal (bonificaciones en transporte público a Linares, bonificaciones en parking…).
P. 70 Fomento del Turismo mediante la potenciación de la ciudad de Cástulo, el Museo de Cástulo y el Patrimonio Minero dentro de los circuitos turísticos Provinciales, Andaluces y Nacionales.

7.3. Sostenibilidad y medio ambiente
P. 71 Facilitar los permisos municipales en los casos de instalaciones de energías renovables tanto en construcciones nuevas como las rehabilitadas, y en este segundo caso, estableciendo bonificaciones en los impuestos municipales.
P. 72 Cambio del alumbrado público introduciendo luces led, y estudiando la adecuación de la iluminación pública para evitar la contaminación lumínica en las zonas con potencial turístico.
P. 73 Estudio de los Jardines Municipales para propiciar la sustitución paulatina de las especies más demandante de agua por plantas adaptadas al clima para reducir el consumo de agua, con estudio de los horarios de los regadíos, estudiando el uso en rotondas de césped artificial.
P. 74 Creación de micro parques en terrenos de propiedad municipal, dotando a la ciudad de una red pública de pulmones verdes.
P. 75 Incremento de la actividad de la Patrulla Verde, con especial incidencia en reducir los ruidos ocasionados por vehículos, locales públicos y control de la contaminación ocasionada por los vehículos motores.
P. 76 Creación de un Área Recreativa en el Piélago, con un Aula de la Naturaleza, para disfrute de todos los linarenses, y que sirva para educar en temas ambientales.

7.4. Seguridad y convivencia
P. 77 Controlar y eliminar la mendicidad organizada y asentamientos en la vía pública y acampadas ilegales.
P. 78 Ordenanza Municipal que prohíba la Prostitución en la calle.
P. 79 Cambiar al Recinto Ferial la zona de ocio juvenil existente en la Estación de Madrid, al ser un lugar habilitado (servicios, pavimento, iluminación, contenedores…), dando un mayor uso a este espacio público.
P. 80 Aumentar la vigilancia y las medidas disuasorias en puntos de concentración nocturnos.

7.5. Bienestar, igualdad y servicios sociales
(70) UPyD se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida, prevenir y eliminar la marginación social de todos los ciudadanos, para ello desarrollará acciones para transformar, corregir y/o cambiar los factores sociales o personales que hacen que muchos individuos o colectivos no pueden disfrutar hoy en Linares.
(71) A través de Servicios Sociales y de Participación prestaremos los servicios de información, ayuda, atención que por razones de edad, etnia, condiciones físicas, sexo, económicas, origen… tienen dificultades de integración social, consiguiendo así, el desarrollo humano integral y el bienestar en educación, asistencia sanitaria, cultura, vivienda y atención a las personas dependientes y familias.

MUJER
(72) UPyD se compromete estudiar, desarrollar y fomentar las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra ciudad según las transferencias recibidas y además colaborar activamente en las iniciativas tanto privadas, asociativas o públicas para erradicar la violencia de género.
(73) Por tanto, nos comprometemos a estudiar la realidad de nuestra ciudad, para impulsar en Linares la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres teniendo como finalidad que las mujeres y hombres puedan participar de forma igualitaria en todas las esferas de la vida económica, política social, de toma de decisiones… y en todas las actividades ya sean educativas, de formación, de empleo. Para ello pretendemos:
P. 81 Informar, asesorar, apoyar, acompañar y atender, ofreciendo también orientación, recursos de alojamiento, medidas de seguridad sobre todo a las mujeres víctimas.
P. 82 Sensibilizar y prevenir del fenómeno de la violencia a mujeres y hombres, así como su explotación sexual a través de Educación en la Igualdad (contra la violencia, derechos y participación) para conseguir un cambio en el modelo de relación social entre hombres y mujeres.
P. 83 Garantizar los derechos de mujeres y hombres desde el acceso al empleo e igualdad en promoción y el salario tanto en mujeres como hombres especialmente en aquellos colectivos más vulnerables como las mujeres discapacitadas, inmigrantes…
P. 84 Fomento de la participación de asociaciones de mujeres y hombres para que se corresponsabilice en la política municipal.

7.6. Educación, cultura y deporte
P. 85 Promocionar el deporte de base, basándose en los centros educativos y en las asociaciones de vecinos.
P. 86 Potenciar no sólo los grandes acontecimientos y espectáculos culturales sino también la actividad de jóvenes creadores de nuestra ciudad, apoyando y promoviendo su formación y dando cauce a su expresión artística mediante incentivos como la cesión de locales, organización de exposiciones y conciertos, festivales/premios, etc. Para ello, pretendemos abrir el Teatro Cervantes para el uso de los colectivos culturales locales, con la idea de dinamizar la vida cultural de Linares interrelacionando todos los organismos e instituciones implicados en ella (escuelas, museos, bibliotecas, conservatorio, centros de mayores, de vecinos, agrupaciones musicales, etc.)
P. 87 Crear un Plan Estratégico para la Educación, en acuerdo con las instituciones culturales locales y regionales, que promuevan la participación, no solo de los jóvenes, sino de todos los ciudadanos en temas tales como: Igualdad, integración, medioambiente, valores cívicos, conocimiento y defensa del patrimonio, tráfico motorizado, peatonal, bicicleta, respeto a los animales, iniciativa empresarial, derechos y deberes de la ciudadanía, y funciones/organización del Ayuntamiento.
P. 88 Facilitar el conocimiento y defensa del patrimonio por parte de los jóvenes mediante la realización de talleres, programas específicos, visitas guiadas, concursos, etc.