El Defensor del Pueblo ha instado a varios municipios españoles de más de 50.000 habitantes a que garanticen la alimentación de los menores de familias vulnerables, especialmente en periodos no lectivos.
La Institución ha seleccionado 47 municipios por su tamaño y circunstancias socioeconómicas. Así, ha incluido localidades de Comunidades dónde alguno de los indicadores AROPE (riesgo de pobreza, carencia material severa o baja intensidad de trabajo en el hogar) son superiores a la media nacional y en los que la renta media per cápita sea inferior a la media nacional o a la de su Comunidad Autónoma.
El Defensor ha recomendado a estos ayuntamientos que refuercen sus sistemas de garantía alimentaria para menores vulnerables en periodos no lectivos. Además, ha solicitado que establezcan sistemas de alerta en coordinación con centros escolares y sanitarios para detectar menores en riesgo.
Desde 2012 el Defensor ha iniciado actuaciones destinadas a garantizar una alimentación suficiente a los menores en todo momento. En 2016 se dirigió a municipios de más de 100.000 habitantes y en años anteriores formuló recomendaciones a Comunidades y Ciudades Autónomas.
En 2017 ha enviado escritos a 47 ciudades: Andalucía (San Fernando, Roquetas de Mar, El Ejido, Chiclana de la Frontera, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Alcalá de Guadaíra, Torremolinos, Sanlúcar de Barrameda, Benalmádena, Estepona, Línea de la Concepción, Motril, Linares, Utrera); Asturias (Siero); Canarias (Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana); Cantabria (Torrelavega); Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina, Cuenca); Castilla y León (Ponferrada, Zamora); Cataluña (Cornellá de Llobregat, San Baudilio de Llobregat, Rubí, Viladecans, Mollet del Vallés); Comunidad de Madrid (Coslada, Arganda del Rey); Comunidad Valenciana (Torrevieja, Torrente, Orihuela, Gandía, Paterna, Benidorm, Sagunto, Alcoy, San Vicente del Raspeig, Elda, Villareal); Extremadura (Cáceres y Mérida) y Región de Murcia (Lorca).
