El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó en su última reunión un acuerdo en el que manifiesta su rechazo a la política de recortes en las Universidades seguida tanto por el Gobierno de España, como por la Junta de Andalucía.
A través de dicho acuerdo, se rechazan los recortes “sistemáticos” en la financiación de la investigación en España, que actualmente suponen un 45% desde el año 2008; se rechazan las restricciones impuestas a la reposición de personal en las Universidades, así como la práctica imposibilidad de promoción de los diferentes colectivos de empleados; se rechaza el recorte suplementario del 5% impuesto por la Comunidad Autónoma de Andalucía en las retribuciones de sus empleados durante el año 2013 y mantenido para 2014, discriminatorio respecto a otros empleados públicos españoles; se exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos regulados en el modelo de financiación de las Universidades Públicas; y se exige que se respete el principio de constitucionalidad de autonomía universitaria, principalmente en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, sujetos a la obligada rendición de cuentas y transparencia que toda administración pública al servicio de los ciudadanos debe asumir.
Asimismo, en dicho acuerdo se alerta de la situación de “estancamiento” actual que pone en “grave riesgo” la calidad del servicio público de la educación superior derivada de los sucesivos recortes en las cuantías destinadas a investigación, movilidad internacional, becas y ayudas al estudio, junto con la imposibilidad de la reposición de efectivos, salvo la anecdótica tasa de reposición del 10% en el PDI, y todo ello unido a los recortes en la financiación o, para el caso de Andalucía, la falta de cumplimiento del modelo de financiación mediante las insuficientes transferencias de tesorería que provocan un incremento de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con sus Universidades.
