El Partido Regionalista por Andalucía Oriental denuncia la pasividad de los grandes partidos políticos, PP y PSOE, en la defensa de los intereses de la agricultura de las provincias de Almería, Granada y Jaén. Estos partidos han favorecido mediante sus actuaciones e inacciones el ataque a los intereses de los miles de agricultores que viven del campo en nuestra tierra.
Las administraciones nacional y autonómica, gobernadas por PP y PSOE, han sido cómplices del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos que condenará a nuestro campo. Nos parece poco ético perjudicar a todos los sectores de la agricultura, que tantos empleos mantienen a pesar del periodo de crisis económica en que vivimos.
El importante aumento de entrada de hortalizas, aceite y otros productos desde Marruecos va en confrontación directa con nuestros productos, que no podrán competir con unos salarios mucho menores, así como con unos controles de calidad distintos a los que aquí se exigen. Ello supondrá una reducción preocupante de jornadas y, por tanto, de empleos que no podrán ser compensados con otros sectores productivos.
Estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de representatividad que tiene Andalucía Oriental, región gobernada desde la lejana Sevilla, que no entiende ni defiende adecuadamente nuestros intereses. Mientras en la otra Andalucía se apuesta de manera enérgica por sectores innovadores que crean muchos empleos, como por ejemplo la aviación, o el Gobierno Nacional apoya de forma decidida sectores industriales en otras regiones españolas, en nuestra tierra vemos cómo los pocos sectores productivos que aquí tenemos, que hemos puesto nosotros en marcha, los ningunean para complacer otros intereses de la Unión que no son los nuestros. En el PRAO entendemos que el desarrollo de Marruecos no puede correr a cuenta de los sectores productivos de esta zona de España.
Por todo ello queremos mostrar nuestro apoyo a las organizaciones agrarias ante sus propuestas de recurrir el acuerdo en los tribunales europeos, y exigimos al Gobierno Nacional y a la Junta de Andalucía un esfuerzo de presión ante instancias políticas superiores para que el Parlamento Europeo rectifique en beneficio de nuestra agricultura.
