Para el Partido Regionalista por Andalucía Oriental (PRAO) el Estatuto Andaluz adolece de carencias que perjudican a las provincias de Almería, Granada y Jaén, por lo que en su programa electoral recoge varias propuestas para su reforma.
En el año 2007 esta norma básica de la Comunidad Autónoma fue aprobada con el apoyo de sólo un tercio del censo electoral del conjunto de las ocho provincias. En las tres capitales más orientales los votos en contra del estatuto se acercaron al 20 % de los emitidos, tras una campaña en la que los partidos mayoritarios apostaron decididamente por el sí.
El PRAO pide el voto de los almerienses, granadinos y jiennenses para exigir desde el Parlamento andaluz que el Estatuto reconozca los diferentes territorios históricos que componen esta autonomía, reconociendo el derecho a un equilibrio presupuestario entre ellos y dando preferencia a modos de gobierno basados en la autogestión provincial a través de las diputaciones, frente a los centralistas de la Junta. Para que sean las provincias las que manden en Andalucía, en lugar de que Andalucía mande en las provincias como hasta ahora. Además, con dicho equilibrio presupuestario se garantiza que los ciudadanos de todas las provincias tengan los mismos derechos e iguales oportunidades. En ambos asuntos, actualmente el Estatuto únicamente concede a nuestras provincias la obligación de aceptar los desequilibrios internos que tienen lugar en Andalucía y de sufrir las consecuencias de políticas insolidarias durante los últimos treinta años.
Respecto a la capitalidad de Andalucía que consagra el vigente Estatuto en la ciudad de Sevilla, el PRAO planteará que sea eliminada de esta norma la designación de una capital de la Comunidad, pues atendiendo a su falta de tradición y a la diversidad geográfica e histórica de las diferentes provincias que la componen, es preferible la descentralización como forma de plasmar el respeto a los ciudadanos que en ella conviven. Sevilla nunca había sido capital de Almería, Granada ni Jaén, en ninguna de sus vertientes. Con esta propuesta el PRAO hace un ejercicio de coherencia histórica y social, donde los ciudadanos no estén sometidos a intereses políticos. Al contrario, las políticas tienen que corresponderse con los ciudadanos y sus necesidades. Una consecuencia de la designación de capital en el Estatuto es la amenaza de una futura Ley de Capitalidad que ven con buenos ojos las direcciones regionales de los partidos mayoritarios, y que consistiría en desviar recursos que necesita nuestra tierra para que la capital autonómica reciba más inversiones de las que ya recibe.
Esta formación política planteará además en el Parlamento andaluz que se supriman todas las referencias a recibir o repartir fondos atendiendo exclusivamente a criterios de población, usando en su lugar preferentemente criterios de derechos territoriales, y de equilibrio y convergencia. Al invertir según población, a modo de ejemplo, por nuestra abrupta orografía resultarán menos kilómetros de autovía o de línea ferroviaria que en provincias con terreno más favorable. El criterio por población ha resultado nefasto para nuestra tierra, generando una brecha de desarrollo respecto a otras zonas de la Autonomía andaluza que no hará sino ampliarse. Para invertir esta tendencia es preciso invertir más en nuestra tierra, no para generar los mismos factores de desarrollo que en otras zonas sino para que estos factores sean más que en esos territorios, de forma que los ciudadanos disfrutemos la anhelada compensación de la deuda histórica que Andalucía ha ido creando con nuestra región oriental.
El PRAO exigirá en la Cámara andaluza que se garantice el derecho de los ciudadanos a conformar dentro de ésta o en una nueva comunidad autónoma su forma de relación administrativa con el Estado, basándose en el reconocimiento de la existencia de diversos territorios dentro de la actual Comunidad, con características propias determinadas por factores culturales, geográficos e históricos. Debe haber un reconocimiento formal, por parte del Parlamento, de los hechos históricos, geográficos y culturales que dan cuerpo a la existencia de distintos territorios integrantes de la Comunidad autónoma, y del derecho que asiste a los ciudadanos de decidir si relacionarse con el Estado dentro de esta Autonomía o desde una nueva comunidad autónoma que pudiera surgir.
