La Policía Nacional ha desarticulado en Linares una organización presuntamente dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular, tras detectar viviendas de apenas 80 metros cuadrados, en las que figuraban empadronadas hasta 21 personas, sin residir realmente en ellas.
La Operación, denominada “Gloria”, ha sido desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Linares. La investigación se inició hace siete meses aproximadamente, al observarse anomalías en el padrón municipal, concretamente, altas masivas en determinados domicilios, en cortos periodos de tiempo. La investigación ha permitido constatar la existencia de un entramado organizado, que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular, principalmente de origen magrebí, a quienes ofrecían la posibilidad de empadronarse en viviendas de la localidad de Linares, sin residir en ellas, a cambio del pago de cantidades económicas superiores a 500 euros.
La organización criminal presentaba una estructura claramente definida: en la cúspide, se situaba un individuo de nacionalidad marroquí, que desempeñaba un papel central como intermediario en la tramitación de ciudadanos de su misma nacionalidad en situación irregular en España, a quienes ofrecía este servicio. Asimismo, este individuo, se encargaba de facilitar o localizar los inmuebles necesarios para formalizar los empadronamientos y de percibir las cantidades económicas acordadas. De igual modo, coordinaba a un grupo de colaboradores que acompañaban a los ciudadanos inmigrantes, durante la realización de los trámites administrativos, incluyendo su asistencia a oficinas municipales y el asesoramiento posterior necesario para la correcta realización del proceso. En el marco de la investigación, se han analizado empadronamientos correspondientes a múltiples inmuebles, en los que se han detectado altas simultáneas o sucesivas, en intervalos de tiempo muy reducidos.
Como dato especialmente significativo, los agentes han localizado viviendas de aproximadamente 80 metros cuadrados, en las que figuraban empadronadas, hasta 21 personas, además de sus moradores reales. Este hecho evidencia el carácter ficticio de las inscripciones, y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta. Estos domicilios, eran facilitados por personas que residían en régimen de alquiler, quienes autorizaban la inscripción de los interesados en el padrón municipal a sabiendas de que no residirían en las viviendas, percibiendo a cambio una compensación económica. Asimismo, se ha constatado que los inmuebles eran utilizados como direcciones de referencia para notificaciones y recepción de documentación oficial vinculada a trámites administrativos, así como para la solicitud de tarjetas sanitarias.
Durante la investigación, los agentes intervinieron parte de esta documentación en viviendas que se encontraban desocupadas. El empadronamiento fraudulento permitía a los beneficiarios aparentar arraigo en España y acceder de forma irregular a distintos procedimientos administrativos y servicios públicos, como la solicitud de autorizaciones de residencia o trabajo, el acceso a la sanidad pública, ayudas sociales o procedimientos de arraigo.
Como resultado de la operación, han sido detenidas 17 personas y otras 26 más han sido identificadas y se encuentran pendientes de detención, continuando las gestiones policiales para su localización.
A los investigados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La operación ha requerido un importante esfuerzo investigador, debido a la dispersión geográfica de los implicados, localizados en distintos puntos del territorio nacional e incluso fuera de España, así como a las dificultades de comunicación por el idioma y a la utilización de múltiples inmuebles para la realización de los empadronamientos fraudulentos.
Paralelamente a las actuaciones penales, se han incoado tres expedientes administrativos sancionadores por infracciones muy graves contra los responsables de los inmuebles utilizados, con propuestas de multas que oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros por cada una de las inscripciones irregulares efectuadas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita
