Cada vez que salgo a la calle siento una pena lacerante revuelta con una indignación vieja. Con más frecuencia de la comprensible ni siquiera llego a decir lo que me hace sentir que la pobreza tenga que salir humillándose mostrando su hambre. En un país donde desde la cúspide se gasta a manos llenas y la corrupción campa a sus anchas en la sociedad, no hay medios de que se ejecute una norma que implica una partida económica sobria. Pese a que hubo sus reticencias hasta por parte del clero más reaccionario y de la derecha del mismo cariz, luego se vinieron a buenas por la aceptación para el escudo social que proponía el gobierno. Pese a ese bamboleo de millones para los ERTEs, para autónomos y otros apoyos a la economía en general, para el pobrerío de solemnidad, pues el dinero no llega cuando más se necesita. Pareciera como si una mano negra se aliara con el diablo en contra las personas en esto y con los desahucios para los más vulnerables. Me digo y me repito que ayudamos poco a gobernarnos cuando estas cosas ocurren sin la gente nos rebelemos. Este es el asunto y la información que he logrado al respecto que hoy quiero compartir. Reparo en las responsabilidades que hemos dejado de asumir, yo el primero, cada cual.
Hay una experiencia anterior, Renta Mínima de Inserción laboral, que se gestiona y cubre de manera muy distinta según las CCAA. Administraciones que también se venían encargando de las de dependencia, complementos a las pensiones mínimas y pensiones no contributivas. Pues el ritmo es tan desigual que la Junta llega a tardar has cuatro veces más de lo que corresponde en la gestión. En cuanto a la cobertura, se dan los porcentajes de Euskadi 71% o Navarra 66% por arriba y Andalucía 2,3% y Castilla La Mancha 1,6% por abajo. Antes de la covid19, la pobreza sufría los recortes habidos en el conjunto de los servicios sociales. Pese a esa situación el Ingreso Mínimo Vital IMV aprobado el 10-6-20 con la única oposición de VOX, va con lamentable lentitud. Por un lado, el gobierno ha tenido que mejorar la ley para disminuir la burocracia. Por otro lado, la actitud de algunas autonomías, como las de Madrid o Andalucía, han amenazado con incompatibilizar RMI con el nuevo IMV, aunque después han reconsiderado. Por otro lado, hay autonomías que sí entendían que salarios muy bajos y precarios no debieran excluir la percepción del IMV. Cuestión que como la burocracia insalvable para un gran de la población afectada quedará sin recibirla, como denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La situación era tan grave que el Defensor del Pueblo urgió para facilitaran los trámites para que ayuda tan urgente llegaran lo antes posible. Cuestión que es un clamor entre la gente sensible esperanzada por esa medida del llamado escudo social. No en vano es que de las 800.000 solicitudes que esperaba el gobierno, sólo se hayan recibido 500.000. Y es que la cuestión de la pobreza en España es un problema histórico y complicado, como vienen poniendo de manifiesto los sucesivos informes sobre la pobreza de Foessa promovidos por Cáritas. Éste es un conflicto que no se resuelve sin tener en cuenta la fiscalidad, la dependencia y el conjunto de los servicios sociales.
Retomo aquí otra observación hecha por la mencionada Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, por ser tan de sentido común, debiera haber surgido de la sociedad en su conjunto. Se refieren, por si no habíamos reparado en ello, a lo del Ingreso Mínimo Vital. Y no sólo a la disposición legal, que también, sino al impulso de humanidad que se supone ante la humillación que sufre en grado sumo parte del prójimo y que así afecta al conjunto. Decían estos profesionales que en el ámbito administrativo y político, no deberían de excluirse ninguno de los tres ámbitos: estatal, autonómico y municipal. Creo yo que casi a la inversa, el municipal debiera haber sido, en cuanto más cercano, el de mayor implicación. Pienso que los Servicios Sociales del municipio, ya dotados con más personal, debieran actuar con más celeridad y autonomía en casos como los actuales. Ellos deben conocer a las personas excluidas por la brecha cultural, informática y todo lo que excluye. También ser más accesibles a la colaboración social del vecindario proclive.
