Desde hace 2 años, potenciado a partir de la aparición del 15M, hemos visto como ha ido creciendo el despertar social de las personas y el nacimiento de nuevos colectivos sociales. Tras más de 30 años casi adormecidos vuelve a levantarse el pueblo (el que se está despertando y el que no se había dormido) con el fin de concienciar a aquellos que aún siguen aletargados. La protesta social progresista ha adquirido nuevas dimensiones y tiene un nuevo carácter respecto a los movimientos sociales anteriores.

Son muchos los eventos que estamos viendo que se convocan con ese fin, y a algunos de ellos los tildan de “ILEGALES” por el mero hecho de convocarse y realizarse fuera de los parámetros que “papá Estado” marca. Se ha modificado el Código Penal, de modo que la protesta y la resistencia pacífica se conviertan en delito. Motivos y condiciones para mantener la cuerda tensa persisten, y día a día vemos como crecen. Guste más o menos, estos motivos son los que provocan que haya cambiado la forma de movilización de aquellos que queremos cambios reales sociales, políticos, económicos y culturales.

Esto nos lleva a La desobediencia civil que puede definirse como “el incumplimiento de leyes, normas e imposiciones que se consideran injustas en sí mismas. La desobediencia civil revela el conflicto existente entre la legalidad impuesta y su legitimidad y justicia”. La ilegitimidad más denunciable es la que detalla y asegura la pena de pobres indefens@s, y procura, por contra la impunidad de ric@s y poderos@s.

Que nuestro gobierno, el actual y los anteriores, adopta medidas impopulares sobra aclararlo, y que esto provoque la desobediencia civil, es la consecuencia. Y lo estamos viendo no solo en nuestro país, sino que se ve a nivel global. En un país como el nuestro en el que día tras día nos vemos bombardeados con noticias de estafas político-económicas, en el que los y las que cometen delitos de guante blanco siguen protegidos por las leyes y si no las modifican, en el que los mercados y agentes externos tienen más poder que los ciudadanos, en un país en el que la voluntad popular pasa de largo y la represión violenta va en aumento, se hace necesidad imperante que comience de forma organizada una desobediencia que provoque un cambio real en la estructura del sistema.

Actos de desobediencia como participar en manifestaciones no comunicadas (no “ilegales”), campañas como participar en ellas sin portar documento de identificación, parapetarse en la puerta de un vecino para evitar su desahucio, declararse insumiso fiscal, negarse a pagar sanciones por ir a manifestaciones (consecuencia de identificaciones indiscriminadas o hasta sin identificar -prueba de la existencia de listas negras-) o participar en asambleas públicas, escraches, tomas de oficinas bancarias, etc, son cada vez más cotidianos y cada vez más los y las que se unen a ellas.

La justicia no es patrimonio de unos pocos. Es legítimo resistir ante la pérdida de derechos impuesta por los mercados. La justicia debería penalizar la violencia contra las personas y garantizar condiciones de vida dignas; por ello, construir alternativas y enfrentarse pacíficamente a un sistema que le ha declarado la guerra a las personas y a la naturaleza es absolutamente legítimo y necesario.

Desobediencia Civil

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